Por SANTIAGO MONTENEGRO
Presidente de Asofondos
Pese a que el Coronavirus nos ha forzado a vivir en una coyuntura agobiante, tenemos que hacer un esfuerzo para reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades estructurales para planear un país con un nivel de desarrollo significativamente más elevado al que teníamos antes de la pandemia. Gracias a los historiadores profesionales, sabemos que desde la Independencia hemos tenido unas instituciones republicanas lideradas por gobiernos civilistas, que evitaron los caudillismos y dictaduras militares de tantos países de la región, y que esos gobiernos fueron elegidos por vías electorales e hicieron un uso limitado del poder. Así, con todas sus debilidades, defender y fortalecer nuestra democracia liberal y la economía de mercado deberán ser tareas esenciales en el futuro, hoy bajo amenaza de un populismo de todos los signos políticos que ha sido exacerbado por la pandemia, y también por la dictadura chavista, que odia a nuestra democracia y nuestra economía de mercado.
Paradójicamente, los científicos políticos y los historiadores también han argumentado que otra característica saliente de nuestra historia ha sido la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos esenciales. Por ejemplo, en un país con una de las geografías más inhóspitas y quebradas del mundo, con pésimas vías de comunicación, con una población dispersa en multitud de pequeñas ciudades y poblados, con variedad de pisos térmicos, con fronteras interiores de selvas y bosques, con siembras de coca y narcotráfico, solo hasta hace muy poco tiempo el tamaño de nuestro ejército se aproximó al promedio de América Latina. Además de contar con reducidos recursos para financiarlo, los científicos sociales han señalado que nuestros legisladores y juristas, durante mucho tiempo, también hicieron todo lo posible por debilitar al Estado central al incorporar en la Constitución de 1883 el “derecho a la insurrección” de los llamados estados soberanos y expidieron códigos que, hasta hace solo unas tres décadas, castigaban el delito de la insurrección con penas irrisorias.
Por estas razones, otra de nuestras tareas esenciales para la pospandemia deberá ser que el Estado, como argumentó Max Weber, alcance efectivamente el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio, pero también necesitamos fortalecer el sistema judicial y contar con sistemas de información públicos y en tiempo real, que eliminen las asimetrías de información entre gobernantes y gobernados, fuente primordial de la corrupción, clientelismo y despilfarro.
En un país donde la informalidad laboral alcanza un 63 % de la población económicamente activa, luchar contra los devastadores efectos de este flagelo también deberá ser una prioridad. Porque la informalidad laboral y empresarial permite que, (de los 22 millones de ocupados, 11 millones ganan menos de un salario mínimo), muy pocas personas y muy pocas empresas tributen, razón por la cual el recaudo de impuestos es de solo un 14 % del PIB, cuando en Chile es de 22 % y en España de 35 %. La informalidad también induce una cobertura muy baja de la seguridad social, estanca o decrece la productividad, y promueve la corrupción y la ilegalidad, entre otros efectos perniciosos.
De esta forma, no nos podemos conformar con regresar al nivel de ingreso y calidad de las instituciones que teníamos cuando comenzó la pandemia. Defender y consolidar la democracia liberal, fortalecer la capacidad del Estado para proveer bienes públicos esenciales y eliminar la informalidad deberían convertirse en verdaderas obsesiones para nuestros dirigentes políticos, empresariales y académicos. Solo así, Colombia podrá entrar plenamente al siglo XXI.
