Por Luis Enrique Juvinao

Analista de asuntos internacionales, geopolítica y seguridad

@LEJuvinao

En diciembre de 2017, Migración Colombia estimaba en 550 000 el número total de nacionales venezolanos en Colombia y observaba un incremento del 62 % en comparación con el año anterior. Para noviembre de 2020, la misma oficina de control migratorio informaba que en Colombia habitaban cerca de 1 729 000 migrantes venezolanos, incluidos 966 000 en condición irregular. Tal contraste ilustra con cifras el reto continuo al que la sociedad colombiana y la Administración pública han enfrentado para abordar la presión económica y social de este flujo masivo de migrantes en un país no acostumbrado a la inmigración. El fenómeno se ha traducido en tensión constante en materia de empleo y en la prestación de servicios sociales a cargo del Estado en todos los órdenes, así como la reciente controversia acerca de la vacunación de esta población contra la covid-19. Independientemente de los efectos políticos y sociales de este suceso, la información estadística evidencia que la migración venezolana a Colombia ha crecido de forma exponencial en pocos años, que la tendencia no ha cambiado y que, como consecuencia, esta población es permanente y parte de la nueva realidad.

El reconocimiento de esa realidad parece ser, en efecto, la conclusión a la que han llegado las últimas Administraciones de Colombia y explica quizá las continuas medidas tomadas para adaptar el país a la presión impuesta por este hecho. El Permiso especial de permanencia (PEP) y la Tarjeta de movilidad fronteriza (TMF), diseñados casi en exclusiva para atender la migración venezolana hacia Colombia, fueron parte de la respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos y son el precedente inmediato del Estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos anunciado por el Gobierno colombiano en febrero de 2021 como “mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados”. El Estatuto se dirige a tres grupos de migrantes, pero sobre todo a casi un millón de venezolanos en situación irregular que, durante diez años, tendrán un estatus legal para acceder a servicios básicos y a condiciones laborales justas.

La medida es coherente con el contexto actual y su implementación parece dirigirse a abordar inquietudes políticas y económicas de la Administración. En primer lugar, hay que notar que la flexibilidad mostrada por los dos últimos Gobiernos para regularizar la presencia de migrantes venezolanos demuestra una constante preocupación por evitar que este fenómeno se transforme en una crisis de refugiados a gran escala. Esta preocupación común tiene su origen, en especial, en la conciencia de que una situación de refugiados somete a Colombia a una serie de obligaciones e instrumentos internacionales enmarcados de manera general en las “obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los migrantes, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales” por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, frente a las cuales el Estado se compromete a proveer asistencia a esta población en un contexto en el que debe atender a los más de 7 millones de desplazados internos que existen en Colombia, según cifras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur). 

En parte, en ese sentido se dirigían las declaraciones de Juan Manuel Santos en 2017 y 2018, cuando advertía que una mayor desestabilización de Venezuela se traduciría en una migración masiva a Colombia, que el Estado no tendría la capacidad de absorber. Además, para el gobierno de Iván Duque criticado con dureza desde sus inicios por parte de varias ONG e importantes actores políticos en la Unión Europea y Estados Unidos ante controversias que incluyen récords en derechos humanos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la implementación del Acuerdo de paz, la regularización opera como una reivindicación frente a la comunidad internacional, con Acnur, el Departamento de Estado y la Comisión Europea saludando la medida. 

En relación con el impacto económico, numerosos autores han señalado que los desplazamientos poblacionales desde las zonas rurales han sido el factor determinante en el crecimiento de las grandes ciudades de Colombia desde mediados del siglo XX, debido a la presión que el gran flujo de migrantes crea sobre los sistemas de salud, educación, transporte, comunicación y, en general, en las relaciones de oferta y demanda en una población creciente. 

La historia reciente del desplazamiento interno en Colombia sugiere que esta tensión sobre el sistema social y político lleva necesariamente al Estado y a la sociedad a desarrollar respuestas para retos emergentes. En otras palabras, una mayor población genera mayores necesidades que deben satisfacerse. En el ámbito internacional, un sector importante de analistas coincide en valorar la inmigración como un fenómeno económico positivo, con incidencia en la expansión del mercado laboral, en la productividad y en el consumo. Algo de eso había detrás de la lógica alemana que permitió el ingreso de cerca de un millón de refugiados —en su mayoría, sirios— a ese país en 2015. Pese al considerable costo político para el gobierno de Merkel, un análisis de la Comisión Europea de ese año estimaba que el gran flujo migratorio se reflejaría en una expansión gradual de la economía alemana solo evidente en el largo plazo, como consecuencia del gasto gubernamental en los refugiados y su posterior integración al mercado laboral. Hay que notar que en 2019 Colombia y Alemania fueron el segundo y el quinto país que acogieron más refugiados en todo el mundo, con 1,8 y 1,1 millones de migrantes, respectivamente. 

El panorama colombiano presenta, por supuesto, su propia particularidad, con un Estado mínimamente asistencialista y un mercado laboral bastante informal. Sin embargo, los migrantes venezolanos no tienen que sortear barreras culturales ni de idioma para integrarse y son una realidad económica. Como prueba de ello, en febrero de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que la migración venezolana en Colombia había representado un crecimiento económico para el país del 0,25 % en 2019. 

Asimismo, en 2020, cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y estudios de Fedesarrollo coincidían en demostrar lo evidente: la migración venezolana había impactado el mercado laboral con una reducción significativa en los salarios, sobre todo en el sector informal, en el que los empleadores han disminuido el pago promedio en perjuicio de trabajadores nacionales. Según el DANE, alrededor de 455 000 personas dejaron de buscar trabajo en 2019, tal vez por el poco incentivo económico ofrecido, una hipótesis que también fue expuesta por las directivas del Banco de la República. En tal sentido, esta regularización permitiría aliviar parte de la distorsión que ya existe en el mercado laboral colombiano como resultado del fenómeno migratorio.

Por último, cabe preguntarse: ¿cuáles son las implicaciones políticas de regularizar a más de un millón de personas traumatizadas por la experiencia socialista del Gobierno de Venezuela? En Florida, la comunidad venezolana establecida en las últimas décadas se ha volcado con decisión a favor del Partido Republicano en las dos últimas elecciones presidenciales, gracias a la caracterización del Partido Demócrata como socialista. En Colombia, líderes de la oposición venezolana han polemizado abiertamente con miembros de la izquierda colombiana, con el riesgo de importar más radicalización ideológica a un país que aún tiene trabajo por hacer con el posconflicto. 

El Gobierno colombiano ha sido claro al afirmar que la regularización no dará el derecho al voto y esto no ocurrirá para las elecciones de 2022. No obstante, cabe esperar que el Estatuto, concebido como una “hoja de ruta” hacia la regularización, lleve a la residencia y potencial nacionalización de sus beneficiarios. Por ello, este instrumento de legalización masiva de venezolanos, que en el largo plazo podrán votar y que de manera inmediata podrán influir en el proceso político, puede significar un impulso político hacia la derecha, tal como la nacionalización masiva de colombianos en Venezuela en 2004 representó, irónicamente, un apoyo electoral valioso para el entonces presidente Hugo Chávez.