Aprobó el Senado de la República, al fin, el último debate para el Acto Legislativo reformatorio del artículo 34 de la Constitución Nacional, que prohibía la pena de cadena perpetua, para permitirla en el caso de los asesinos y violadores de los menores de edad. Tomó más de trece años, con doce proyectos que se presentaron, para llegar a esta reforma. Al texto constitucional original que advierte: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”, se le agregará: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”.

El tema divide al país; observemos los argumentos de quienes defienden la reforma y quienes la atacan, que seguramente estarán en la discusión que abordará la Corte Constitucional al momento de pronunciarse sobre la exequibilidad de la misma; advirtiendo por supuesto, que hay un punto neutro, que nadie pone en duda, y es la necesidad de defender a nuestros menores de los ataques de violadores y asesinos perturbados; ese es un propósito social que nadie discute; cosa distinta, es establecer, si una regulación de esta raigambre sirve o no a dicho propósito.

Quienes están con la reforma encuentran argumentos de variopinta naturaleza; observemos:

  • La finalidad de la cadena perpetua es que no exista posibilidad para la redención de la pena. Actualmente, aunque las penas son altas, se pueden rebajar significativamente, poniendo en riesgo a los menores.
  • Agregan que la Constitución está para cumplirse, pero también para hacer ajustes correspondientes que indican los momentos sociales que se viven. La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha dicho que la pena para cualquier tipo de delito que tenga que ver con menores, debe ser de tal naturaleza que pueda, incluso, servir de mecanismo disuasivo. Incluso, se ha dicho que este tipo de delitos tienen las mismas características que los de lesa humanidad.
  • Que la reforma les hace el honor a los miles de niños y niñas que han sido violados y asesinados; a las miles de mujeres que han sido maltratadas y abusadas, a las familias que viven de manera permanente el dolor causado por estos criminales.
  • Se le responde a la sociedad de manera distinta a expresar la consabida solidaridad. La reforma es un muro de contención para aguantar este océano de sufrimiento causado por criminales que, cada veinte minutos, son capaces de acabar con la vida de niños en Colombia.

De otro lado, también se escuchan voces que no le ven utilidad a la reforma y aseguran que los fines buscados no se logran con ella; por el contrario se crean falsas expectativas y lo que en el fondo la movió, fue buscar un efecto político. Observemos algunos de estos argumentos

  • La reforma no es necesaria. Bastaba hacer la misma operación que se hace con el tráfico de menores. Este delito tiene una pena máxima de 60 años, y con los agravantes se podría llegar hasta los 90.
  • Con ella no se acaba esta delincuencia. Este mal social se acaba con educación y con una justicia rápida y eficaz. Es la certeza de la pena y no la agravación de esta, la que disuade al delincuente. Ni siquiera la pena de muerte logra ese propósito. Fue puro populismo punitivo. El mismo Fiscal General, que no apoya esta propuesta, dijo que el problema es que el 95 % de los casos no se judicializan. El violador no le teme a ninguna pena porque está seguro que no lo van a investigar; sobre todo en este tipo de delitos donde el delincuente es del círculo familiar. Con esta medida no se están atacando las causas que generan la comisión de este tipo de delitos.
  • El objetivo de la pena debe ser la rehabilitación, pero con la cadena perpetua se renuncia a este principio.
  • En un sistema carcelario como el colombiano, congestionado y saturado, es inmoral aumentar las penas.
  • La reforma no pasará en la Corte Constitucional, pues nuestro país ha firmado todas las convenciones de derechos humanos que buscan la reeducación del delincuente y no su maltrato. La cadena perpetua es incompatible con nuestro modelo constitucional.
  • Es ilusa la revisión a los 25 años para ver si el condenado se ha resocializado. El sistema nuestro no lo permite; quien entra a una cárcel sale peor. Lo que se crea es un problema para otros delitos tan o más graves, como los de lesa humanidad, que invocando el derecho a la igualdad y la favorabilidad van a querer la revisión. Además, se está sustituyendo la constitución con esta reforma.

Como puede verse, el debate continúa, ahora en el escenario judicial. Lo cierto es que, de ser avalada en la Corte, ello implicará otra reforma a nuestro sistema penal; pues ésta lo desarticula; es un parche de los muchos a los que nos estamos acostumbrado frente a nuestros códigos que, constantemente se ven impactados por reformas emocionales de momento. Definitivamente somos un país de leguleyadas.

Jaime Arrubla
Director
Revista Alternativa

 

 

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