Por Catalina Matiz

Periodista

Históricamente, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se ha caracterizado por ser un puerto líder en la movilización de carga en Colombia en el Pacífico colombiano. Sin embargo, a pesar de la importancia económica que tiene para nuestro país, en los últimos años la compleja estructura societaria de esta compañía y las cuestionadas decisiones administrativas que se han adoptado en el seno de la entidad han convertido a este terminal en un blanco de críticas, producto de disputas internas y de controvertibles manejos administrativos. 

En los últimos tres años, la Sociedad ha contado con cinco gerentes generales, lo cual denota la inestabilidad corporativa que hoy afronta esta entidad y el desequilibrio administrativo que conduce a problemas operativos para las empresas, falencias en temas de seguridad e inconstancia en los planes de acción enfocados en la comunidad general.

Los interrogantes que se han planteado respecto a los malos manejos que presuntamente se han hecho de la compañía la tienen hoy en el ojo de autoridades administrativas y judiciales, las cuales deberán pronunciarse sobre estos hechos, entre los que se encuentran: i) las irregularidades en la compra de acciones de la sociedad Terminal Especializada de Contenedores (Tecsa) por parte de la Sociedad Portuaria; esta última, propietaria del 52 % de las acciones, que en el año 2014 tomó la determinación de adquirir el 100 % de la empresa y pagó la cifra de 27,56 dólares por acción, valor que superó ampliamente el costo por acción de la sociedad controlante. Esta situación provocó cuestionamientos, puesto que la operación, además, presuntamente habría violado el régimen de conflictos de interés, porque los accionistas vendedores de Tecsa eran miembros de la junta directiva de la Sociedad Portuaria y votaron a favor de la operación de venta; por esta razón, hoy es objeto de un proceso ante la Superintendencia de Sociedades; ii) la modificación del contrato de concesión ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual se hizo sin el cumplimiento de los requisitos legales; por eso, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a los funcionarios involucrados en el trámite; iii) la venta de las acciones de la Sociedad en el Puerto de Caldera, en Costa Rica, que fueron transferidas sin la autorización previa del máximo órgano social de la Sociedad y en presunta violación del régimen de conflictos de interés, venta que fue estructurada y realizada por medio de la firma de consultoría de propiedad de uno de los miembros de la junta directiva de la Sociedad. 

Como si no fuera suficiente, la junta directiva anterior tomó la determinación de instaurar una demanda arbitral en contra de la nación, tras aducir un desequilibrio económico del contrato; por ello, el Tribunal deberá pronunciarse respecto al valor de la contraprestación a cargo del concesionario, asunto sobre el cual se han presentado discrepancias entre el terminal y la nación. En tal disputa se podrá ver gravemente afectada la Alcaldía Municipal, que recibe el 20 % del valor total de la contraprestación. 

En lo que respecta a la política local, la Sociedad Portuaria tiene un vínculo estrecho con ella, pues la Alcaldía del distrito de Buenaventura desempeña un papel preponderante dentro de la terminal, al ser accionista del 15 % de la Sociedad; esto le otorga a la entidad distrital dos puestos en la junta directiva de la compañía y convierte al mandatario de turno en un importante actor en la toma de decisiones. Los últimos cuatro alcaldes del distrito, que ocuparon también un puesto en esta junta directiva, han sido condenados a penas privativas de la libertad por hechos de corrupción durante sus administraciones, lo que deja claro que el puerto no es ajeno a la problemática de corrupción que viene afrontando Buenaventura. 

El alcalde actual del distrito forma parte del grupo de accionistas que vendría adelantando una negociación para la venta del 51 % de la compañía a un inversionista extranjero, porcentaje en el que estaría incluida la participación del 15 % del municipio de Buenaventura. Esta operación aún no ha sido autorizada por el Concejo Municipal, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el cual le asignó a los Concejos Municipales la obligación de autorizar a los alcaldes para la enajenación de los activos en cabeza del distrito. 

Con esta venta, la Alcaldía de Buenaventura estaría poniendo en venta un activo que, año tras año, le reporta utilidades del orden de los 8000 millones de pesos a un distrito con un déficit fiscal de más de 280.000 millones de pesos y 90 cuentas embargadas1.

El alcalde Víctor Vidal Piedrahita funge como presidente de la junta directiva del puerto. En alianza con el grupo Parody y el exministro Ruldolf Hommes ha venido promoviendo este proceso de venta mediante la firma Capital Advisory, consultora de propiedad de Rudolf Hommes, que hoy se desempeña como miembro de la junta directiva de la sociedad. 

Buenaventura enfrenta una grave crisis institucional a la que el puerto más importante sobre el Pacífico no ha sido ajeno.