Con el argumento de proteger a los menores y no tomar el riesgo de que aumente el consumo en los mayores, la plenaria de la Cámara votó en contra del proyecto.

La intensión de la iniciativa era abrir una excepción en el artículo 49 de la Constitución, el cual habla de salud y saneamiento ambiental, para permitir el consumo de cánnabis a los mayores de edad.

Sin embargo, este miércoles, por segunda vez en menos de un año, el Congreso rechazó la idea. El congresista liberal Juan Carlos Lozada lamentó que no hubiera salido adelante: “Despenalizar el uso adulto del cánnabis nos daría la oportunidad única de ingresar a un mercado que se estima llegará a los USD $50 mil millones en Estados Unidos y de los que Colombia podría obtener $250 millones de dólares en el año 2025″.

Según quienes estaban a favor de que el proyecto avanzara, los beneficios que traería al país serían quitarle el mercado a las mafias y generar ingresos a partir de su comercialización. Además, la idea se centraba en regular sitios en donde se pudiera vender, y así acabar con los mercados ilegales.

Sin embargo, los opositores argumentaban que aprobar la regulación era darle espacio al aumento de consumo, lo que llevaría a adicciones y problemas de salud, y haría que los menores de edad estuvieran más propensos a estos espacios nocivos.

“No podemos promover este consumo irresponsable sin ninguna garantía y sin ningún enfoque hacia la prevención, que es lo que el país necesita”, dijo Ángela Sánchez, congresista del Cambio Radical.

Buenaventura León, congresista conservador, dijo que “el cánnabis es la sustancia ilícita con mayor consumo y con unas consecuencias nefastas. Encontramos que permitir esta reforma constitucional traería un incremento en la demanda, y esto va asociado al narcotráfico”.

Su colega Sergio Marín, afirmó: “Con esto ganan las mafias, que son las que se lucran de la ilegalidad y generan tanta violencia en nuestro país”.

La reforma buscaba que el Estado garantizara el tratamiento de las personas dependientes, a través de la formulación y divulgación de políticas públicas en torno a la prevención y atención al consumo de cánnabis.

El cánnabis medicinal sigue la misma línea de otras propuestas sobre libertades sociales que han sido tema de debate en el Congreso, como la eutanasia y el aborto, a las cuales se les sigue dando una respuesta negativa.