El costo para el gobierno del presidente Iván Duque puede resultar más alto por no haber aplicado más temprano aquello de que los ministros son fusibles que se cambian cuando se queman.

Karen Abudinen llegó al MinTIC en mayo de 2020.

Después del debate de moción de censura del pasado viernes en la Cámara de Representantes, las horas de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, parecían contadas.

La defensa de una hora larga que ella hizo al cierre de la sesión no pudo contrarrestar la andanada de voces de representantes que condenaban su actuación en el manejo del contrato fallido con la Unión Temporal Centro Urbanos para llevar conectividad a colegios rurales en 15 departamentos.

La oposición de los verdes y la Colombia Humana se fue contra ella tildándola de incompetente e ingenua, cuando no de corrupta, y exigiéndole que asumiera su responsabilidad política. Solo sus amigos de la Costa, concretamente los parlamentarios de la facción charista de Cambio Radical, salieron a apoyarla, enfilando baterías contra los contratistas que ella insistía en tratar de “vándalos”. Sin embargo, la agresividad de unos no tuvo equivalencia en la voz de quienes la apoyaron.

Lo más relevante fue el silencio, cuando no la ausencia, de los dos pilares de la coalición de gobierno, los partidos Centro Democrático y Conservador, que no quisieron desgastarse en la defensa de un miembro del gabinete del presidente Iván Duque que no los representaba. Claramente esa era una tarea que no asumirían, menos ahora cuando ha empezado el año político y no quieren que el electorado les eche en cara cualquier acto de tolerancia con una mala administración o con la corrupción.

La ministra Abudinen insistió en que no se iría porque iba a deshacer el entuerto y conseguir que los responsables de Centros Urbanos pagaran, pero su voz cayó en el vació y salió más débil del debate.

Eso hizo que en la Casa de Nariño empezara a debatirse cómo evitar que la moción dejara un desastre político. Empezaron a hacer consultas y cuentas de votos, y a la vez a sopesar el daño que el debate público de más de un mes sobre el caso le estaba haciendo al presidente Iván Duque, quien sostenía a Abudinen no solo por un compromiso político sino porque ella había sido una colaboradora muy cercana y leal, y una amiga personal. Prueba de ello es que la llevó de consejera presidencial y luego la nombró ministra, a pesar de su pasado inmediato como funcionaria del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La ministra a principio de esta semana retiró del Ministerio a dos funcionarias, abogadas ambas, con quienes ella había trabajado en la alcaldía de Álex Char y quienes estuvieron implicadas en el manejo del controvertido convenio. También confirmó el inicio de la caducidad del contrato y del acuerdo con la ETB para continuar con el plan de conectividad. Sin embargo, eso no significó nada a su favor.

En el Gobierno no había solo preocupación por la debilidad del apoyo político de la funcionaria sino porque Abudinen prácticamente había dejando de lado asuntos importantes de su cargo para enfocarse enteramente en su defensa. Así se abrió, poco a poco, un mar entre ella y la Casa de Nariño, que llevó a la petición de renuncia hecha en la noche de este miércoles.

Ahora se debate si el Gobierno se pudo ahorrar muchos problemas haciendo caso más temprano a aquello de que los ministros son fusibles que se cambian cuando se queman; obligando a que la ministra asumiera su responsabilidad rápidamente, dadas las fuertes evidencias de, por lo menos, un manejo descuidado del proceso contractual. El solo hecho de que se aceptaran una pólizas falsas del contratista era motivo suficiente para pedir dimisiones inmediatas.

Es necesario recordar que ya había un antecedente en el Gobierno con la salida del ministro de Defensa Guillermo Botero, quien renunció tras un debate de moción de censura y antes de que se concretara su salida obligada por una votación en contra en el Congreso. El daño para la imagen del Ejecutivo, de alguna manera, se redujo.

Por no hacer el cambio rápido en el caso Abudinen, el Gobierno no solo tuvo que cargar decenas de horas de debate público negativo sino que se expuso de nuevo al riesgo de la moción de censura, y ahora, a pesar de tener a la ministra renunciada a la fuerza, tendrá que cuidarse de que no lo castiguen con la moción, que de todas maneras se votará. El costo ya fue alto y puede ser mayor.