El proyecto de Inversión Social busca extender programas sociales, con más impuestos al sector empresarial  más poderoso, austeridad en el gasto y lucha contra la evasión.

El mayor recaudo permitiría financiar los programas sociales.

La búsqueda de consensos que hizo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, durante sus dos primeros meses en el cargo se traducirá en un proyecto de ley, bautizado de Inversión Social, que incluye un recaudo tributario adicional de 15,2 billones de pesos.

El articulado completo, que será muy corto y se presentará al Congreso este 20 de julio, permitirá “darles la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”, dijo el ministro Restrepo.

Las empresas ponen más

En lo tributario, el proyecto que propondrá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “no tocará a la clase media”, enfatizó el jefe de la cartera de Hacienda.

El articulado incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Según Restrepo, con esto «no se compromete la competitividad del país», ya que esta tarifa es menor a la de 2018, que era de 37%. 

También se incluye un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.

El recaudo esperado con todas estas medidas se aproxima a los $11 billones. Esto quiere decir que el 70 por ciento del componente tributario nuevo lo pagarán las empresas de mayores ingresos. 

Como complemento, el nuevo proyecto le apuesta, a plan antievasión por $ 2,7 billones, otorgándole facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida, creando el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

El lado social

La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022. Los beneficios, según el Gobierno, llegarían a 25 millones de colombianos.

La propuesta plantea la extensión del Ingreso Solidario hasta el 2022 y Subsidio a la Nómina (PAEF) hasta diciembre de 2021

La ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez, destacó el ministro Restrepo. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares.

Con el PAEF se apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos. 

“Focalizaremos el programa en las pequeñas empresas e incluiremos personas naturales con negocios que empleen mínimo a dos personas”, aseguró Restrepo.  Se prevé la postulación de 55.000 empleadores que hoy tendrían 400.000 empleados.

Habría más recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y se mantendrían las mejores condiciones en los créditos educativos del Icetex.

Plan de austeridad

El componente de austeridad en el Estado contempla ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Desde el 2023 se restringirían los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Además, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.

De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras. 

También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.