Crédito: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por: Mauricio Cuesta
El denominado Acuerdo de Escazú surtió sus debates en el Congreso y va camino a convertirse en ley de la República, no sin crear un ambiente de inquietud en el sector productivo del país contrapuesto a un sentido llamado por la protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales con presencia en todas las regiones. Ambos lados de la misma balanza tuvieron argumentos que se plantearon y discutieron ampliamente durante el debate del proyecto, que inició luego de su firma por el Gobierno en el año 2019, y que ahora dará pie para que Colombia se convierta en el Estado número 14 en América Latina en ratificar el Acuerdo de Escazú, y formar parte de éste.
El punto álgido de la discusión entre las distintas facciones que debatieron el Acuerdo de Escazú se centró en la necesidad o no de incorporar esta legislación cuando ya existen en Colombia normas sobre la misma materia, que además están acompañadas de varios pronunciamientos jurisprudenciales que aportan a la aplicación de estas normas. Y es que el Acuerdo de Escazú busca “colocar la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás” mediate un marco amplio que garantice el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones públicas, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que en la voz de varios expertos es redundante y aún contraproducente cuando la ya extensa regulación colombiana y la Constitución misma reconocen estos derechos, que ahora deberán pasar un filtro internacional a todas luces incierto.
En esta discusión, la balanza se inclinó por la premisa que más es siempre mejor, dejando así una altísima responsabilidad en el Gobierno para que la regulación, aplicación y cumplimiento del Acuerdo traiga mejores proyectos e inversión al país.
En su intervención en el Congreso, la cabeza de la cartera ambiental dejó en claro la necesidad del Acuerdo de Escazú, pues a pesar de reconocer el nivel avanzado que existe en el país respecto a la garantía del derecho a la participación en la toma de decisiones del Estado, continúa la violencia contra los defensores ambientales que pretenden información para participar en el debate e incidir en dichas decisiones públicas en lo ambiental.
Si bien el Gobierno reconoce la necesidad de trabajar arduamente en la transparencia de las decisiones que se adoptan por las autoridades que conforman el Sistema Nacional Ambiental, con una defensa legítima a la participación y una mejora de la información pública, a la vez, informa sobre la importancia de contar con mecanismos más potentes como el Acuerdo de Escazú, que conduzcan a mitigar el desbalance de poderes en las decisiones ambientales que terminan estigmatizando las vocerías disidentes, mediante una gestión democrática de los conflictos socioambientales en los territorios donde se pretendan desarrollar proyectos, siguiendo un marco normativo con mayores estándares.
En su sentir, la cartera ambiental considera que estos mecanismos más potentes que incorpora el Acuerdo de Escazú, crean las condiciones para mejorar la inversión en el país, por las siguientes razones:
- El Estado Colombiano asume corresponsabilidad frente a la comunidad internacional por el cumplimiento de los estándares de información, participación y acceso a la justicia que demanda el Acuerdo de Escazú. Esta situación va a permitir que se profundice el sentido de la cooperación internacional, ya que como Estado se impone un estándar de inversión comparable con países desarrollados.
- El Gobierno asume la responsabilidad de mejorar los estándares públicos y traer mejor inversión al país. Con esta premisa, se escuchan voces sobre el querer que lleguen las empresas que cumplan los mejores estándares, es decir, que se atraiga calidad de inversión y no solo cantidad de inversión.
- Finalmente, las comunidades cobran un poder relevante para proponer el desarrollo en los territorios que ocupan, con una forma robusta en su interacción. El desarrollo territorial debe partir de la concertación social, no puede ser una imposición, lo que invita a reconocer el territorio con todo su potencial ecosistémico, de vida, de relaciones comunitarias, para llegar a acuerdos que sean claros en los beneficios a las comunidades antes de que se realice la inversión. El tiempo que se invierta en los acuerdos sociales con este enfoque, garantiza el desarrollo de los proyectos y reduce la conflictividad.
En síntesis, las discusiones que ambientaron el debate que derivó en la aprobación del Acuerdo de Escazú, marcaron la posición del Gobierno actual sobre la inversión privada y su desarrollo en territorios con sensibilidad social y ambiental. Fue patente el querer apoyar un sector productivo de clase mundial con altos estándares, que mejoren su capacidad de inversión, paritario con la comunidad donde desplegará dichas inversiones, pero con un Estado vigilante de los intereses públicos que garantice el equilibrio de esa balanza del interés privado y la participación comunitaria.
Ahora enfrentamos la necesidad de que el Acuerdo de Escazú en efecto consolide oportunidades para la inversión justa, democrática, sostenida y sostenible. Esto, sin duda, dependerá en gran medida de la reglamentación que ya anunció el Gobierno estar avanzando mientras el tratado surte su evaluación constitucional, que se espera sea sobre bases participativas con todos los actores y sectores productivos.
Ya el tratado pasó, pero el camino por recorrer es aún importante.
