La Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación 6-3, declaró urgencia nacional con el fin de estudiar una treintena de demandas en contra de las modificaciones a la Ley de garantías, que pone límites a la contratación estatal en época preelectoral.
Las demandas se enfocan principalmente en el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que le permite a la Nación celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General “con el propósito de promover la reactivación económica” durante el presente año, cuando se elegirá un nuevo Congreso y nuevo Presidente de la República.
La Corte, sin embargo, negó la petición de suspender las normas modificatorias como medida cautelar, como sugerían algunas de las demandas ciudadanas.
La magistrada de este caso, Diana Fajardo, en un principio propuso suspender la ley demandada, pero solo tres magistrados la respaldaron: Alberto Rojas, José Fernando Reyes y la propia Fajardo.
En contraste, sí tuvo éxito la ponencia del magistrado Jorge Ibañez, quien pidió declaratoria de urgencia para evaluar detalladamente las denuncias contra la ley. Obtuvo 6 de los 9 votos.
El pasado 11 de enero, la Corte admitió el estudio de 21 de 42 denuncias por parte de congresistas, abogados y diversas organizaciones, contra el llamado ‘mico’ que autoriza la celebración de contratos en una época electoral como la actual.
Las demandas principalmente argumentan la inconstitucionalidad de la norma, porque da vía libre a favorecer algunos sectores políticos y hasta permite “financiar la compra de votos en algunas regiones del país”.
Además, otras denuncias apuntan al presidente Iván Duque, quien -según estas- desacató una orden judicial al firmar la ley en vez de objetarla.
