La Sala Plena del Consejo de Estado dejó imposibilitado de por vida al excongresista -quien paga cárcel en La Picota- para ejercer cargos de elección popular.
Su delito fue ofrecer, en 2017, 200 millones de pesos a un juez de la República, para que fallara en un caso en favor del exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Luis Fernando Acosta Osío.
Por este hecho, Pulgar fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel. Hoy está por ello en La Picota, de Bogotá. El exsenador atlanticense se acogió a sentencia anticipada a cambio de obtener beneficios en su pena.
Sin embargo, el castigo para el político no terminó ahí. El abogado Camilo Araque le pidió al Consejo de Estado declararle la pérdida de investidura por tráfico de influencias y cohecho. Pulgar, según el jurista, había incurrido en uno de las conductas que la Constitución señala como razones para que a un congresista se le aplique la ‘muerte política’.
La Procuraduría, al argumentar algo similar, dijo que Pulgar había caído en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 283 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado.
Carmelo Perdomo, magistrado de la Sección Segunda en el Consejo de Estado y ponente de la decisión, dijo: “Con las pruebas aportadas al expediente, se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza, por cuanto resulta evidente la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial, que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él, para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018”.
