El ex presidente dijo que no es una buena idea modificar normas que buscan garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país.
La propuesta de suspender algunos puntos de la Ley de Garantías busca facilitar que se hagan contrataciones de entidades locales y regionales sin impedimento en plena época electoral y para impulsar la reactivación económica
La norma vigente busca que mediante la contratación pública no se favorezca a candidatos, que para el caso del 2022 serían presidenciales y al Congreso.
La principal razón de Uribe para oponerse al cambio es precisamente la inconveniencia de que se hagan modificaciones con una elección presidencial a la vista.
Esta ley, que es la 996 y está vigente desde el año 2005, busca que ningún aspirante se aproveche de los recursos ofrecidos por el Estado para ganar adhesiones electorales.
En la actualidad la Ley de Garantías, en uno de sus puntos, explica que no se pueden hacer contratos de ejecución de recursos públicos desde cuando falten cuatro meses para las votaciones presidenciales.
Este sería el punto que el gobierno Duque buscaría suspender, con la justificación de no tener obstáculos en el camino de la reactivación económica tras la crisis que causó la pandemia del Covid-19.
En debate sobre este tema, realizado por la Comisión Económica tanto de la Cámara como del Senado, se hizo una votación. Allí, los senadores del Centro Democrático María del Rosario Guerra y Milla Romero Soto, en concordancia con Uribe, votaron en contra.
Guerra, según explicó a medios nacionales, optó por el voto negativo porque no es el momento de hacer dicho cambio, aunque sabe de la necesidad de la reactivación económica. Su punto está en que la ley, tal y como está, asegura el uso transparente de los recursos, y que si bien se necesita alguna revisión, debe ser en otro momento.
A esto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario posteó: “Apoyemos a Milla Romero Soto y María del Rosario Guerra para no derogar ley de garantías. Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio no en víspera electorales. Con licitación y pliegos de tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo también dio su punto de vista y les pidió a los congresistas no tenerle miedo a la reactivación económica.
“La reactivación es primero con inversión social, incentivando la generación de empleo y atendiendo al micro y pequeño empresario. No creo que sea el momento para aplazar este tipo de necesidades, porque significa aplazar la respuesta a la necesidad social del país. Tampoco estamos desmontando la ley de garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”, dijo Restrepo.
Varios sectores de la oposición se oponen también al cambio en la ley porque creen que el Gobierno podría incidir con contratación en los resultados electorales. Varios de los actuales mandatarios regionales, en cambio, la apoyan porque necesitan libertad de acción para incentivar la recuperación económica de sus regiones con nuevas obras y programas.
La diferencia sobre esta ley es un elemento que se agrega a las tensiones internas en el Centro Democrático, el partido de gobierno.
