Se conoce el borrador del proyecto de ‘amnistía’ que el Centro Democrático discutirá antes de llevarlo al Congreso.
La propuesta del expresidente Álvaro Uribe de avanzar hacia una especie de aministia, para corregir lo que el exmandatario considera desequilibrios generados por el Acuerdo de Paz con las Farc entre los beneficios dados la guerrilla y los otorgados a los miembros de la Fuerzas Armadas, tomó más cuerpo tras conocerse el borrador de acto legislativo que debatirá internamente el Centro Democrático antes de llevarlo al Congreso.
El proyecto, según el texto, tendría como objetivo “superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”. Y el primer artículo dice: “Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”.
Lo clave en este punto son las excepciones: no sería elegibles personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contración pública.
Esto inhabilitaría en la práctica a casi todos los antiguos líderes guerrilleros fundamentalmente por estar involucrados en delitos considerados de lesa humanidad.
El otro lado de la moneda en el proyecto es la propuesta en favor de las Fuerzas Armadas. Dice: “Los integrantes de las Fuerzas Armadas, (procesados) por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este acto legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”.
El beneficio estaría condicionado a la reparación a las víctimas y a un pedido de perdón, aunque no sería necesaria la aceptación de responsabilidades personales. “Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique autoincriminación”, dice otro aparte de la propuesta.
Otro punto clave de la propuesta tiene que ver con el juzgamiento de miembros de las Fuerzas Armandas en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Uribe propone que allí haya una estructura especial para la investigación y juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016.
Y pone una condición importante a los magistrados de la JEP que juzgarían a estas personas: “Se debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción”. El Centro Democrático ha criticado que algunos miembros de la JEP tienen antecedentes de actuaciones contra integrantes de la Fuerza Pública como parte de organizaciones de derechos humanos.
El documento señala finalmente que “las desmovilizaciones de grupos organizados al margen de la ley, que sucedan hasta (fecha), se regirán por la Ley # 975 de Justicia, Paz, y Reparación”, que guió desde el 2005 el sometimiento de los paramilitares.
