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Se cae la creación de un nuevo operador de transporte público en Bogotá

El Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá declaró nulo este punto […]

El Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá declaró nulo este punto del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. La administración distrital apeló.

En abril del 2021 el Concejo de Bogotá aprobó el Plan de Desarrollo Distrital, en el cual se estableció que se crearía una empresa de transporte complementaria del Sistema Integrado de Transporte (SITP).

Además, se buscaría adquirir nuevos buses de forma directa y sumarse con otros operadores privados en la prestación del servicio que está cargo de TransMilenio.

Sin embargo, este miércoles, esa disposición del plan, artículo 91, fue anulado por un juez con el argumento de que “no existe un estudio demostrativo que justifique dicha iniciativa”.

El recién posesionado secretario distrital de Movilidad, Felipe Ramírez, dijo que la administración distrital está convencida de la necesidad de un nuevo operador público en la ciudad.

“Sabíamos que la creación del operador público no sería fácil por los diferentes intereses que suscita. Sin embargo, estamos convencidos de las ventajas del mismo en la operación del sistema y, por consiguiente, que los usuarios tengan un mejor servicio”, afirmó Ramírez.

También reveló que ya apelaron la decisión del juez sexto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“El Distrito respeta y acata los fallos judiciales, pero agotará todas las instancias judiciales y confía que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le permitirá a Bogotá tener un operador público de transporte que garantice un mejor servicio de movilidad para todos”, precisó la Secretaría de Movilidad.

Frente a esto, Miguel Uribe Turbay, cabeza la lista al Senado por el Centro Democrático, comentó: “Acaba de ser anulado art. 91 del Plan de Desarrollo de Claudía López, que arbitrariamente establecía un operador público de transporte sin estudios técnicos. Claudia compró más de 1.000 buses sin seguridad jurídica. Los bogotanos tendremos que pagar el costo de su improvisación”.