El objetivo principal del encuentro fue definir las mesas técnicas para tratar temas como inseguridad jurídica, el estado de la entrega de bienes y la muerte violenta de exintegrantes del grupo armado que hicieron parte de un proceso que cumple 18 años.
A la reunión asistieron «la mayoría» de los firmantes de la carta pública enviada al presidente colombiano, Gustavo Petro el pasado 29 de marzo, en la que reiteraron su voluntad de aportar a la paz total valorando «positivamente» el llamado del mandatario a un encuentro con los máximos disidentes de la desmovilizada estructura paramilitar.
Desde el comienzo del gobierno de Petro se han efectuado varias conversaciones individuales con los excomandantes de las AUC que han permitido conocer «su experiencia y algunas de las conclusiones que dejó su proceso de transición a la vida civil», informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) en un comunicado.
Estos diálogos sirvieron a su vez, para poner de manifiesto los «desaciertos» del proceso de paz que permitió su desmovilización y que «según algunas opiniones, motivaron el rearme de algunas de sus estructuras, así como el surgimiento y expansión de nuevos grupos en el territorio nacional», agregó la información.
También se discutieron aportes de aprendizajes y recomendaciones para el desarrollo de procesos de construcción de paz en las regiones en el marco de la actual política de paz.
«La paz total es incluyente y no tiene sesgos ni vetos: todos los sectores de la sociedad colombiana que quieran aportar serán bienvenidos. El Gobierno de la vida escucha para avanzar con paso firme hacia una paz con compromisos sólidos y verificables», concluyó la OACP.
Desmovilización paramilitar
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios.
Esa ley fue criticada por Petro el mes pasado al considerar que no se ha reparado a las víctimas y que los victimarios deberían contar la verdad.
El pasado domingo, Petro abrió la puerta a una reunión con los exjefes de las AUC para «establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar» (EFE).
