Foto: Prensa Casa Blanca.

(EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva destinada a reformar las prácticas policiales en el segundo aniversario de la muerte de George Floyd, según informó la Casa Blanca. La muerte de Floyd, después de que el ex oficial de Policía de Minneapolis Derek Chauvin lo inmovilizara por el cuello durante más de nueve minutos, provocó protestas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo en el sistema de Justicia penal.

«Los agentes de la ley son, a menudo, el primer punto de contacto de una persona con nuestro sistema de justicia penal, y dependemos de ellos para defender estos principios mientras hacemos el trabajo exigente de mantenernos a salvo», indicó Biden en un comunicado.

Pese a reconocer el trabajo «de honor e integridad» de los miembros de las fuerzas del orden, quienes «defienden la ley y preservan la confianza» de la sociedad estadounidense, Biden resaltó que «en las comunidades negras» los «lazos de confianza están desgastados o rotos».

«Hemos llorado colectivamente los encuentros con las fuerzas del orden que han terminado trágicamente con la pérdida de vidas. Para sanar como nación, debemos reconocer que esos encuentros fatales han impactado de manera dispar a la gente negra y morena y a otras personas de color».

Desde la Administración Biden señalaron que «el dolor de las familias» que han sido víctimas de estos sucesos «reverbera a través de las generaciones» y ha dejado claro que, en términos generales, el sistema judicial estadounidense «está moldeado por la raza o el origen étnico».

Falta de avances en la última década

El ataque en la escuela Robb supone así un reflejo de los pocos avances logrados por las autoridades estadounidenses en la década que ha pasado desde la matanza en Sandy Hook y tiene lugar además menos de dos semanas después de que un joven de 18 años seguidor de teorías supremacistas asesinara a diez afroamericanos en un supermercado en Buffalo, Nueva York.

De hecho, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos alertaron en abril de que las armas de fuego se habían convertido en el primer factor de muerte para los niños y adolescentes de el país norteamericano, por delante ya de los accidentes de coche.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan a partir de datos de los CDC, que recoge cifras de 2020, concluyó que 45.222 personas murieron ese año en incidentes armados, incluidos unos 4.300 menores de 19 años, lo que refleja un aumento interanual del 29,5 por ciento, más del doble del incremento relativo entre la población general.

Por su parte, la base de datos administrada por el grupo de investigación sin fines de lucro Gun Violence Archive, recoge que más de 23.000 personas, incluidos aproximadamente 1,650 niños y adolescentes, han muerto o resultado heridas debido a incidentes relacionados con armas en Estados Unidos este año.

Racismo sistémico de la justicia

«Es hora de que reconozcamos el legado del racismo sistémico en nuestro sistema de justicia penal y trabajemos juntos para eliminar las disparidades raciales que perduran hasta el día de hoy», señaló el mandatario, agregando que, con esta acción, se pretenden «promover los principios de igualdad y dignidad».

«Si bien podemos hacer que las actividades policiales sean más seguras y eficaces mediante el fortalecimiento de la confianza entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las comunidades a las que prestan servicios, también debemos reformar nuestro sistema de justicia penal».

De esta forma, Biden ha hecho hincapié en que los pasos pasan por «una reforma duradera» a través de «soluciones legislativas». De hecho, estos cambios, ha dicho, requerirán de «financiamiento y apoyo que solo el Congreso puede autorizar».

«Mi Administración utilizará toda su autoridad para adoptar medidas, incluso mediante la aplicación de este orden, a fin de establecer y mantener la equidad y la rendición de cuentas en todo el sistema de justicia penal».

Esta nueva medida permitirá un mayor control de la contratación de las fuerzas del orden, así como la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas en los casos de violencia policial o armada, especialmente contra la comunidad negra.

Asimismo, según indicó la cadena NBC News, creará un registro nacional de oficiales despedidos por mala conducta y alentará a la Policía estatal y local a endurecer las restricciones sobre los estrangulamientos y las llamadas órdenes de arresto.

«La necesidad de esas medidas no puede ser más urgente. Desde principios de 2020, las comunidades de todo el país se han enfrentado a tasas crecientes de delitos violentos».

Esta medida se produce, además, tras la trágica masacre de Uvalde, en el estado de Texas, donde el adolescente Salvador Rolando Ramos mató 21 personas, entre ellas 19 niños de entre 8 y 10 años, y en el marco del aumento de los tiroteos y la violencia en el país.

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