Votaciones Perú
Por: JUAN PAREDES CASTRO
Periodista y escritor
En víspera de nuevas elecciones, esta vez regionales, el sistema electoral peruano enfrenta una situación crítica de credibilidad que estuvo en sus manos evitarla y finalmente revertirla.
Sometido hoy, irónicamente, a la sospecha de irregularidades no superadas ni zanjadas, su caso arroja más de una luz parpadeante de atención para las lecciones que deben sacar los demás sistemas electorales de la región, incluido el colombiano, de sus propios errores y limitaciones.
Como la perfección y la infalibilidad de sus procesos no son virtudes características de los sistemas electorales de este lado del mundo, cualquier mecanismo de transparencia real y efectivo va a cubrir deficiencias que muchas veces resultan imprevisibles.
Si hay algo que finalmente falló en el sistema electoral peruano fue que este se negara a transparentar, mediante una auditoría internacional, procesos, actas y conteos, que bien pudieron ser revisados, corregidos y consiguiente y oportunamente puestos a salvo a la luz de una votación de primera y segunda vueltas que ahora se presta a la sospecha de un fraude en mesas que las autoridades se empeñaron en no reconocer, asumiendo el pasivo y activo de un escrutinio en cierta forma manchado.
Es más: si ante los graves y fundamentados cuestionamientos de las votaciones presidenciales de primera y segunda vueltas, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú hubiera precisamente aceptado realizar una auditoria internacional, tal como le fue planteada, política y jurídicamente, hoy no estaría enfrentando una investigación parlamentaria que si lograse sortear el primer archivamiento podría terminar en acusaciones constitucionales en contra de su presidente Jorge Luis Salas Arenas, el jefe de la Organización de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas y la jefa del Registro Nacional de Identidad (RENIEC), Carmen Velarde Koechlin.
“Si hay algo que finalmente falló en el sistema electoral peruano fue que este se negara a transparentar, mediante una auditoría internacional, procesos, actas y conteos”
Extraña y súbitamente el informe de esta investigación fue enviado al archivo por el pleno del Congreso, pese a contener, entre otras cosas, la comprobación fehaciente de que la candidatura a la Vicepresidencia de Dina Boluarte fue admitida cuando ocupaba un alto puesto como funcionaria del Registro Nacional de Identidad (RENIEC), órgano importante del sistema electoral. Coincidentemente la misma Boluarte es actualmente sujeto de acusación constitucional por haber igualmente duplicado responsabilidades como ministra de Estado en el despacho de inclusión social y la Presidencia del Club Departamental Apurímac.
Al margen de que pudiera ser admitida una segunda votación del informe, el grueso cuestionamiento subsistente sobre el sistema electoral peruano, no va a resistir, por más intereses políticos creados a su interior, un archivamiento definitivo. Más temprano que tarde las denuncias que pesan sobre él, van a tener que ventilarse abiertamente y con el peligro de que se materialicen en pleno proceso de consulta popular por las gobernaciones regionales y las alcaldías provinciales y distritales.
Votaciones Perú
Ya el entonces presidente en funciones Francisco Sagasti pudo apelar a su prerrogativa constitucional de garante del proceso electoral para promover la tan reclamada e indispensable auditoria internacional, que, en su momento, hechas las sumas y restas, hubiese sentado un indiscutible precedente de transparencia y confiabilidad respecto de los cuestionamientos denunciados y, por supuesto, de los discutibles resultados finales.
Lamentablemente Sagasti, lejos de tomar prudente distancia de los poderes electorales involucrados en las denuncias, se convirtió en promotor de algo así como “¡resultados ya!”, no en el sentido de que estos se transparentaran por todos los medios posibles, sino en el peligroso convencimiento personal de que no debiera demorarse más la proclamación del virtual “presidente electo” Pedro Castillo y que la candidata contrincante Keiko Fujimori fuese convencida, apelando a la intervención del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, de que aceptara su derrota y en cierta forma retirase sus denuncias de fraude.
“Estamos al comienzo de la apertura de toda una caja de Pandora del proceso de votación que llevó al poder a Pedro Castillo”
Hubo tal presión política y mediática en tales circunstancias por ir rápidamente a la carrera hacia la proclamación presidencial de Castillo que las misiones de observación de transparencia, de la Organización de Estados Americanos, de IDEA Internacional y de la Comunidad Europea centraron sus apreciaciones y conclusiones más en los reportes ligeros y errados de los propios órganos electorales que en el concienzudo examen de las denuncias de irregularidades, principalmente referidas a las mesas electorales, donde la ausencia de personeros dejó a estas expuestas a cualquier tipo de manipulación.
Resultaba increíble que mientras el país estaba sumido en un largo tiempo de espera de resultados finales y de proclamación presidencial engorrosa, a causa de las denuncias y tachas planteadas ante un JNE incompleto y ante una ONPE desconectada de sus propios errores, el coro polifónico de estos organismos internacionales de observación electoral reiteró, insistentemente, sin poderlo demostrar más que con sus comunicados, no haber encontrado rastro alguno de fraude. Un aval elevadamente comprometedor, por cierto, si eventualmente llegase a ser desbaratado por los hechos.
El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas ha dejado entrever que el organismo a su cargo, por su carácter jurisdiccional, no puede asumir en estricto responsabilidades políticas, administrativas e inclusive penales, si se diera el caso, que correspondieran a instituciones propiamente ejecutivas y operativas como la ONPE, que es la que tendría que responder, en primera instancia, por las irregularidades en las mesas electorales, calificadas de fraude.
A contracorriente de las presiones políticas para que las cosas en el ámbito electoral se mantengan como están, recién estamos al comienzo de la apertura de toda una caja de Pandora del proceso de votación que llevó al poder a Pedro Castillo y que con la revelación de su contenido asistiremos probablemente a una de las mayores sorpresas, en primer lugar, para la democracia peruana afectada y, en segundo lugar, para los observadores electorales internacionales, que hasta hoy se han erigido en infalibles jueces de la delegación de poder en América Latina, jueces, muchos de ellos, con claros e identificables conflictos de interés.
