En ocasiones, resulta difícil expresar nuestros sentimientos debido a diversos motivos, como la vergüenza, los nervios o el hecho de que la persona de interés sea pareja de un amigo o amiga. En mi caso, la razón de mi reticencia es una orden dictada por un juez, lo cual complica aún más la situación. El Juzgado 4 Civil Municipal de Bucaramanga ha dictaminado que debo disculparme de mi opinión con respecto a las afirmaciones de terceros sobre Jaime Andrés Beltrán y su hijo adoptivo
El alcalde de Bucaramanga ha desarrollado un discurso marcado por la estigmatización y criminalización de las personas que consumen sustancias alucinógenas. Su aversión es tan pronunciada que, en su traba de poder, ha llegado a responsabilizarlos de incendios forestales y a compararlos con los delincuentes que respaldaron su campaña como Hugo Aguilar.
A Beltrán se le olvidó su deber como alcalde, que implica gobernar para todos, incluso aquellos a quienes pueda considerar herejes, pecadores o escoria social, es decir, aquellos que lo critican. Este señor parecía creer que estaba fuera de alcance de la crítica, pero en la actualidad, gracias a las redes sociales, cualquier político, por más poderoso que se considere, puede ser objeto de críticas.
Es por eso que cuando mi respetable alcalde, Jaime Andrés Beltrán, decidió exponer a su hijo adoptivo en vídeos de campaña, varios ciudadanos expresaron su descontento hacia este personaje influyente. De la misma manera en que él salió a señalar a los críticos, estos le señalaron a él y a su hijo. Terceras personas divulgaron información sobre la familia de Jaime Andrés, y hoy la justicia me prohíbe sentir regocijo por ello.
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A partir de este momento, me veo obligado a expresar una profunda tristeza ante la respuesta que se le da a un líder espiritual con la misma moneda. Acá es claro que el alcalde puede salir a criminalizar, ultrajar y estigmatizar a sus mismos gobernados, y no se puede sentir alegría por cómo la sociedad le responde.
Resulta curioso que no fui yo quien afirmó tales hechos. Únicamente respondí con una convicción interna a las afirmaciones realizadas por terceros, un sentimiento profundo que solo se puede comparar con escuchar a Los Danieles en una finca en Anapoima. En lugar de presentar una tutela contra aquellos que emitieron dichas afirmaciones, Beltrán optó por entablar una acción legal en mi contra. No estoy seguro si esto se debe a que, a través de mi labor, le recuerdo a la gente que no es más que un impostor con baja autoestima, o si mi estilo de vida en la Bogotá Humana es considerado herético.
De manera justa, ni el pastor ni yo somos los beneficiarios reales de esta sentencia.Desde mi perspectiva, el verdadero ganador es el abogado Rafael Vanegas, quien ha elaborado una tutela sorprendente, para un estudiante de primer semestre. Resulta increíble buscar unas disculpas en relación con una emoción, ya que la única declaración que hice se vincula a un sentimiento y no a un hecho que implique a la parte activa de la presente acción de tutela. Vanegas se erige como el ganador, dado que forma parte del empalme de la alcaldía de Bucaramanga, y supongo que el pastor le recompensará generosamente por sus servicios. La incógnita que surge es si le han pagado ya o si seremos los contribuyentes quienes lo hagamos.
Uno de los argumentos esgrimidos por el juez fue mi condición de figura pública. Se sostuvo que expresar mis sentimientos ante una audiencia numerosa incrementa la gravedad de mis acciones. Si hubiera estado consciente de esta realidad desde la época escolar, habría optado por declararme a través de Twitter, evitando así numerosas tusas que me llevaron a momentos oscuros, como el que viví al creer en 2019 en la integridad de Rodolfo Hernández.
En última instancia, me toca afrontar las repercusiones de pertenecer al 1% de los líderes nativos digitales de Cifras y Conceptos. Impugnaré la tutela, pero acataré el fallo, mientras me doy cuenta de que el juzgado me prohibió sentir felicidad cuando critican a la buena familia de un gobernante.
