Por Álvaro Rodríguez Acosta
Presidente de Revista Alternativa
Colombia vive días de convulsión y división, cuando el propósito debería ser la unión para trabajar y recuperar al país de los efectos devastadores de la pandemia. Estoy seguro de que no hay colombiano que no piense así en el fondo.
La historia muestra que hemos progresado más cuando nos entendemos y concertamos alrededor de un propósito, ciñéndonos a la Constitución y a las leyes que nos ha dado la democracia.
¿Por qué habríamos de cambiar eso ahora que afrontamos tiempos de incertidumbre? ¿Por qué “estamos destruyendo lo que hemos construido”?, como declaró recientemente Roberto Vélez, el gerente general de la Federación de Cafeteros.
Nadie puede coartar la protesta pacífica, es un derecho. Sin embargo, no se puede paralizar la economía del país, menos cuando se acude al vandalismo y a métodos como los bloqueos, abiertamente ilegales, no solo en Colombia sino también en el mundo, porque ponen en jaque la seguridad alimentaria, la libertad de movilización, el derecho al trabajo y hasta el derecho a la salud y la vida de las personas, como vimos en el caso de la señora que perdió a su bebé en una ambulancia retenida en una carretera. Todos esos derechos legítimos, como el de protestar, tienen que respetarse.
“Hay que rodear ahora y siempre a la institucionalidad y la democracia para que proceda a devolverles la tranquilidad y la garantía de libre movilidad a los colombianos”.
Los caficultores, por ejemplo, hacen la mitad de sus exportaciones por Buenaventura. Pero los bloqueos recientes impidieron llevar el producto a muchos mercados del exterior. El resultado: menos plata para los caficultores, menos dólares para el país, menos tributos y menos recursos para la atención social de la pandemia.
Lo mismo sucedió con los alimentos que el país tiene que importar para abastecer a la gente y criar a los animales que después llegan a la mesa de los colombianos; y con el azúcar, vital para tantas industrias que generan tantos empleos, y con muchos productos y servicios más.
La Cámara de Comercio de Cali dice que cada semana de paro le quitó el equivalente a 1,2 billones de pesos a la producción en la región. Fenalco ha destacado que las pérdidas del sector en todo el país, que superaban el billón de pesos en los primeros 25 días, correspondieron en más del 90 %, no a los grandes comercios, sino a las micro y pequeñas empresas. En ese periodo el país había perdido alrededor de 11 billones de pesos, cifra muy cercana al objetivo de recaudo de la nueva reforma tributaria que el Gobierno quiere tramitar en el Congreso.
Así no hay economía que resista, y el efecto de los bloqueos lo veremos en menos recursos para que el Estado atienda a los vulnerables y los jóvenes que protestan o, peor aún, se dejan llevar por los grupos vandálicos. La consecuencia no será otra que menos inversión, menos financiamiento, menos crecimiento, menos empleo.
Esta parálisis no puede prolongarse ni repetirse. Lo más racional sería el diálogo y la sensatez, no solo de quienes protestan sino también de quienes alientan los bloqueos y el vandalismo esperando réditos políticos. Esos que dicen querer transformar a Colombia no deben fomentar más la violencia y el caos. Deben dejar que la vida del país fluya sin zozobra y que la economía recupere el aliento, sin coartar el derecho a la protesta.
Sin embargo, si no es posible, hay que rodear ahora y siempre a la institucionalidad y la democracia para que procedan a devolverles la tranquilidad y la garantía de libre movilidad a los colombianos, con la legitimidad que les da la Constitución, las leyes y el apego a los derechos humanos.
«Así no hay economía que resista, y el efecto de los bloqueos lo veremos en menos recursos para que el Estado atienda a los vulnerables y los jóvenes que protestan o, peor aún, se dejan llevar por los grupos vandálicos».
Se debe respaldar sin miramientos al Gobierno nacional y a los gobiernos locales y regionales, al asumir su obligación de evitar que se vuelvan a sitiar ciudades, como pasó con Cali y Buenaventura; se bloqueen carreteras o se extorsione a la ciudadanía con peajes ilegales, como ha sucedido en diversos lugares, cometiéndose un sinnúmero de desmanes.
Actuar contra los bloqueos y el vandalismo es una obligación del Estado. Acudir al acompañamiento militar para garantizar la movilización de la carga desde y hacia Buenaventura debe ser la prioridad del Gobierno.
No se trata de impedir que los jóvenes hagan pacíficamente sus reclamos, a los cuales por cierto el Gobierno nacional está respondiendo generosamente, pese a sus limitaciones presupuestales. En cambio, sí se trata de evitar que los violentos aprovechen ese escenario de inconformidad para sumir a Colombia en un caos que nos devolvería a épocas que creíamos superadas, cuando la guerrilla y el narcotráfico – también presentes en los eventos recientes- amenazaban con destruir la democracia y la institucionalidad.
