La novela dramática que Santa Marta comenzó a vivir desde las elecciones de octubre pasado parece no tener fin. El pasado 29 de enero, se desató otro episodio en el Tribunal Administrativo del Magdalena que amenaza con la aplicación de una medida cautelar que podría apartar al actual alcalde, Carlos Pinedo, de su cargo.
Volviendo atrás en los hechos, luego de un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Santa Marta, la candidatura de Jorge Agudelo, del partido progresista Fuerza Ciudadana, quedó sin sustento legal. Esto fue interpretado por la comisión escrutadora como razón suficiente para negar el recuento de votos del candidato del Caicedismo y otorgar la victoria al señor Pinedo.
EL COMIENZO DE LA GUERRA LEGAL
Como mencioné en una columna anterior, el desarrollo legal de este caso es sumamente complejo. Se han presentado acusaciones de jueces "kamikazes", extralimitación de funciones por parte de la comisión escrutadora, maniobras legales para detener demandas de nulidad y numerosas violaciones al debido proceso. Estas fueron seguidas por múltiples tutelas y cuatro demandas de nulidad electoral entre noviembre y enero.
Este nuevo capítulo se inicia tras la negativa del pleno de magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena a la recusación contra la ponente de la última demanda de nulidad electoral, impulsada por Jorge Agudelo: la magistrada María Victoria Quiñones Triana. A pesar de las acusaciones de presuntas irregularidades debido a una enemistad conocida entre la magistrada y uno de los abogados de Pinedo, Hernando Zabaleta Echeverry, el recurso fue negado el pasado 24 de enero.
Cinco días después, el 29 de enero, se publicó el auto que da traslado para que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el alcalde se pronuncie y argumente en contra de la aplicación de la medida cautelar que podría invalidar su credencial. A diferencia de ocasiones anteriores, en lugar de un video en redes sociales dando tranquilidad sobre la improcedencia de la medida, se informó que Pinedo tuvo un percance médico de urgencia de carácter coronario y fue trasladado a una clínica llamada Perfect Body.
Los días pasaron eternos y expectantes, a la espera del pronunciamiento del alcalde o su equipo legal, que llegó el 31 de enero en un video de poco más de un minuto, generando una sensación de seguridad menor en comparación con los pronunciamientos anteriores. Estos dos eventos han dejado una marca en el imaginario colectivo de la ciudadanía, que ya empieza a especular sobre la posible aceptación de la medida. Sin embargo, es difícil determinar, ya que el documento de la demanda y sus anexos son desconocidos para el público y parecen ser un secreto de Estado.
UNA CUENTA REGRESIVA INEXORABLE
En cuanto al percance médico, se rumorea que fue una táctica para dilatar la notificación del auto. Sin embargo, la magistrada estableció tres formas de notificación con sus plazos, como si previera que algo así sucedería. La primera es la notificación personal, que comprende cinco días hábiles y vence el próximo lunes 5 de febrero; la segunda, que es por secretaría y llegaría al correo proporcionado por la parte demandante, se vencerá el 8 de febrero; y, por último, la tercera es la publicación de un texto informativo sobre la demanda en dos medios locales, que da cinco días hábiles posteriores a su publicación para considerarse surtida.
En resumen, y descontando los días festivos por el carnaval, la fecha clave será el 21 de febrero, día en que el proceso seguirá su curso con o sin haber ejercido el derecho a la contradicción. Será en ese momento podremos saber con certeza el desenlace como avanza este melodrama.
