El 13 de julio pasado, los noticieros del país centraron su atención en las interminables filas generadas por un cambio abrupto e improvisado en el sistema de pago de los subsidios del DPS. Poco después, el 16 de agosto, estalló otra noticia que anunciaba que, hasta la fecha, solo se había ejecutado el 36% del presupuesto de los ministerios para la vigencia actual, causando retrasos significativos en proyectos de alto impacto como escuelas y hospitales. Por último, el 11 de octubre, se informó sobre un aumento significativo de medicamentos importados categorizados como escasos, y sin señales de reabastecimiento a corto plazo.
Estos eventos apuntan, ineludiblemente, a una gestión pública bastante deficiente por parte de la administración Petro y que exhiben sin filtros, el profundo desconocimiento de sus principales funcionarios en los puestos importantes como el caso Irene Vélez. Así como la ausencia de cualquier tipo de planificación a nivel presidencial para mitigar esos riesgos previsibles que implica ejecutar un proyecto tan ambicioso como el llamado "cambio"”.
Pero, paso de explayarme en extensa crítica como ciudadano opositor, al margen de la política electoral y partidista, y prefiero sacar del cuarto de San Alejo un tema polvoriento que nos sigue fustigando como país por, precisamente, seguir ignorándolo como aquel que se promete bajar de peso, paga la anualidad en un gimnasio cada fin de año y cada día se inventa una elaborada excusa para no ir. Y es que sorprende como a pesar de sufrir graves consecuencias por mera decidía, todavía no se logra socialmente ese momento de catarsis en que se grita ¡Basta! y, aun con todo el dolor que pueda causar, redireccionar el camino para romper con el circulo vicio de pagar altos precios por no haber hecho lo correcto.
Tomando como ejemplo la primera noticia, vemos como gracias al ideologizado cambio en el sistema de pagos de los subsidios, fueron los propios beneficiarios los perjudicados debido al aumento en los gastos monetarios para poder recibir la ayuda. Avanzando con la segunda noticia, aunque más abstracta y generalista de entender, el retener así los recursos públicos pone en serio peligro numerosos programas sociales regionales, proyectos de infraestructura como hospitales, carreteras y escuelas, la contratación de personal necesario para servicios públicos específicos y hasta el crecimiento económico en muchas áreas donde el Estado es el único dinamizador. A la final, todos salimos perjudicados.
Finalmente, a pesar de que en la última noticia cuento con un argumento cuantitativo sólido respaldado por las cifras del INVIMA, es relevante preguntarnos: ¿Cuál es el costo de no proporcionar una dosis necesaria a un paciente con una enfermedad crónica? ¿Cuál es el precio de no tener disponibles medicamentos tan comunes como las hormonas de crecimiento para los niños? Más allá de las respuestas obvias, es importante recordar que estas noticias lamentables no son un fenómeno reciente, ya que nos han acompañado a lo largo del tiempo, motivadas por la misma razón.
Seguimos lastrando esa ilusión colectiva del político salvador, incorruptible y redentor de la nación, que llega con armadura azul y caballo blanco, y esboza un super plan de gobierno infalible que nos volverá suiza en solo cuatro años. En lugar de enfrentar la realidad, asumir nuestra responsabilidad en la democracia y desterrar a los populistas que explotan ese mito para llegar al poder con nuestro voto. Porque, al final, no son los Petro, los Uribe, los Santos o los Pastrana quienes pagan el precio, somos usted y yo, cuando esperamos largas filas para recibir subsidio, cuando la construcción de la escuela del pueblo se detiene o cuando ni vendiendo un televisor, podemos comprar un acetaminofén.
