“Con cerca de 70 billones de pesos en presupuesto, el sistema de salud representa un botín fenomenal para los políticos y los adeptos petristas”
Enrique Gómez Martínez
El cinismo con el que se ha manejado la agenda de reforma a la salud por el dúo dinámico de la ministra Corcho y el superintendente de salud Ulahy Beltrán es aterrador.
La reguladora y el responsable de vigilancia y control representan al sindicalismo duro de la salud, enemigo acérrimo del sistema de estímulo a la demanda nacido bajo la Ley 100 de 1993.
Son herederos de una cultura que pelechó del subsidio a la oferta en épocas anteriores a la Ley 100 cuando menos del 20% de la población tenía cobertura, la atención médica era un milagro y los sindicatos del ISS y la red pública paralizaban la atención a su antojo.
No han superado la pérdida de protagonismo de la red pública, siempre sujeta a la rapiña de los políticos de turno que se congraciaban con los sindicatos para poder robar con tranquilidad. Un sistema que propiciaba la reivindicación permanente y el “avance” de la agenda sindical.
Ese mundo se acabó. La Ley 100 empoderó a los usuarios de la salud, creó un nuevo actor independiente de control del riesgo médico a través de las EPS e integró el sistema de aseguramiento con la prestación pública y privada de servicios.
El sistema de seguridad social en salud vigente ha sufrido muchos avatares. Nunca se diseñó para un entorno de informalidad laboral prevalente que ha llevado a que el 55% de los usuarios se beneficien del régimen subsidiado, cuando en sus estimados iniciales este régimen debía representar el 25% del sistema. Enfrentó la infiltración de los politiqueros en las administradoras de régimen subsidiado y las EPS que con demasiada lentitud y tolerancia se fueron depurando. Ha sufrido de los abusos de todos los actores. ¡Todos! médicos involucrados en la facturación, laboratorios promoviendo soluciones costosas o inefectivas, aseguradores ligeros en los recobros del No POS, prestadores enriquecidos con cobros indebidos o desborde de servicios y atenciones innecesarias.
A todo lo anterior ha sobrevivido nuestro sistema de salud logrando una cobertura efectiva superior al 95% de la población, con el gasto de bolsillo para el usuario más bajo del hemisferio, trayendo el estado del arte al diagnóstico y a la terapéutica, conformando un amplio espectro de moléculas disponibles en el plan básico de beneficios, superando diversas crisis financieras, controlando el gasto médico, realizando y atendiendo más 600 millones de eventos al año y mejorando todos los indicadores de salud de la población.
Pero con cerca de 70 billones de pesos en presupuesto, el sistema de salud representa un botín fenomenal para los políticos y los adeptos petristas. Quieren apropiarse del dinero de la salud generando monopolios y estructuras de favorecimiento centrados en el poder del ministerio. Buscan además un escenario de dominación política electoral.
Eliminar el derecho a la salud y transformarlo en un favor, será una de las grandes herramientas para consolidar la hegemonía del Pacto Histórico en el poder.
Por ello Corcho ha iniciado un ataque frontal a la sostenibilidad de las EPS como articuladoras principales del sistema. Retrasó el pago de los ajustes a los presupuestos máximos ya aprobados, hace anuncios tremendistas para alienar a los inversionistas y el superintendente de salud cita a las EPS para amenazarlas a la vez que las condena a muerte en cada intervención.
Buscan destruir las capacidades del sistema y afectar la prestación de servicios a los usuarios para ambientar en 2023 una reforma radical que le entregue la salud a la corruptela política regional a través de las secretarías de salud territoriales.
En el gobierno del amor se vale destruir la salud de los ciudadanos con tal de alcanzar una victoria temprana.
