Una política pública como la que pretende instaurar el presidente vía Twitter, luce más como un potencial estimulador de la corrupción.
Pisoteado. Así quedó en Colombia el Estatuto General de la Contratación Pública, decretos y demás leyes sobre la materia luego del trino del presidente Gustavo Petro en el cual señaló que en el Gobierno de «EL CAMBIO» no se adjudicarían licitaciones en las que hubiera un único proponente porque la lucha en contra de la corrupción “va en serio”.
Para contextualizarlos, les comento que el trino surgió luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores surtiera el proceso de licitación para escoger al contratista que se encargaría de producir, distribuir y suministrar la libreta de pasaportes, así como entregar las etiquetas de la visa colombiana, y que terminó siendo declarado desierto. En ese proceso se presentaron varios oferentes que luego desistieron de continuar en el mismo. Sólo uno de ellos se mantuvo hasta el final y fue la compañía Thomas Greg & Sons (TSG).
Nuestro ordenamiento jurídico contempla (Artículo 32, Ley 1150 de 2007) que “la declaratoria desierta de la licitación únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.”
En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se determina que el hecho de que en una licitación pública al final sólo quede un único proponente ello impida la escogencia objetiva del futuro contratista.
¿De cuándo acá el hecho de que sólo uno de los oferentes cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se convirtió en un motivo que impida la escogencia objetiva del contratista? Peligroso que la Administración se sirva de esa situación para declarar desierto un proceso de selección porque podría estar incurriendo en falsa motivación.
Es, además, inexplicable que la Administración concluya que no puede escoger de manera objetiva porque sólo un oferente cumplió con los requisitos, para a continuación proceder a la declaratoria de urgencia manifiesta en virtud de la cual contrataría de manera directa y pretermitiendo la competencia. Es decir, no quiere un único oferente en las licitaciones, pero sí quiere escoger directamente a un contratista.
Muygrave que lo anterior se convierta, en virtud de un trino, en una política pública y que los jefes de contratación de las entidades públicas, con base en esta, crean tener rienda suelta para declarar la urgencia manifiesta y contratar directamente.
Si lo que el Gobierno quiere es acabar con la corrupción, el camino no es la contratación directa sino la elaboración de pliegos de condiciones que no sean tipo sastre, esto es: hechos a la medida de un contratista; y garantizar que la evaluación de propuestas sea verdaderamente objetiva y que atienda a los principios que iluminan la contratación pública.
Una política pública como la que pretende instaurar el presidente vía Twitter, luce más como un potencial estimulador de la corrupción.
Nota: Todavía no me acostumbro a decirle X.
