Ya nuestro país vivió el Paro del 2021 en el que supuestamente algunos sectores políticos buscaban reivindicar los derechos de los jóvenes. A la postre lo que vivimos fue una andanada de acciones terroristas lideradas por miembros de la Primera Línea, algunos actualmente están presos y que, dicho sea de paso, buscan ser liberados a toda costa por el Gobierno.
Empecemos por decir que la protesta social es un derecho y así lo reconoció la Constitución Política de Colombia, principalmente, en el Artículo 37 que reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
También nuestra Constitución contempla en su Artículo 40 como derecho de todo ciudadano participar en la conformación, ejercicio y control del poder político; y para ello hacer uso de las correspondientes herramientas democráticas.
Sobre eso no hay discusión.
Esta semana ha sido objeto de público conocimiento un borrador de Decreto liderado por el Ministerio de Agricultura, “por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. El mentado borrador ha suscitado críticas no sólo por parte de los expertos en la materia sino también de ciudadanos que cada día sienten que el Gobierno está dedicado a legalizar la violencia.
Una cosa es que nuestro ordenamiento jurídico proteja la protesta e incentive mecanismos de participación democrática, y otra muy distinta es que el Gobierno pretenda empujar e imponer sus reformas arropándose bajo un falso manto de legalidad.
El ejercicio de los citados derechos debe ser libre y espontáneo; pero además debe ser para todos. ¿Por qué el Gobierno vía decreto pretende financiar con nuestros impuestos a quienes están dispuestos a apoyar sus propuestas, pero no financia ni protege a aquellos que no están de acuerdo con estas? ¿En dónde queda el principio de igualdad?
Al Gobierno, pese a que en muchas ocasiones ha manifestado su afinidad con el modelo chavista, le molesta que la ciudadanía compare su proceder con los llamados “colectivos chavistas”. Sin embargo, no es difícil llegar a esa comparación.
Los “colectivos chavistas”, y sin ánimo de pretender ser exhaustiva en su descripción, es una “institución” que promovió el régimen totalitario impuesto por Chávez, que ha venidodesarrollando Maduro y cuyo objetivo es imponer su ideología.
El plan para lograr su objetivo consistió, en primer lugar, en darle un sustento legal de manera que sus acciones parecieran estar ajustadas al ordenamiento jurídico, y para ello se sirvió de conceptos de tipo social que en principio y desprevenidamente parecían estar alineados con su Constitución. Se trataba, según ellos, de fortalecer a una clase social que había estado oprimida durante décadas y que los había elegido como gobernantes.
En segundo lugar, y de manera astuta, buscaron darle “dientes” a esos grupos apunta de financiación por parte del Estado.
Hoy ya conocemos los resultados.
EL CAMBIO en el citado borrador de decreto, en las entrevistas dadas por Petro y por la ministra de Agricultura, insisten en señalar que sólo están buscando empoderar a los campesinos relegados por el Establecimiento.
Lo que preocupa, además de las consideraciones jurídicas sobre el ejercicio de los derechos y el principio de igualdad porque, reitero, el Gobierno está llamado a ofrecerle garantías también a sus opositores, es que esta sea una manera de pretermitir las funciones que tienen las otras ramas del poder.
No es un secreto que el Gobierno ha encontrado obstáculos en el Congreso y en la rama judicial para avanzar en sus reformas; y, como lo dijo la mismísima ministra de Agricultura, en el caso de la reforma agraria, la misma no va a ser pacífica. Así las cosas, el camino por el cual están transitando es espinoso y peligroso, por decir lo menos, y ubica a la democracia de Colombia en una situación de absoluta vulnerabilidad.
Ya nuestro país vivió el Paro del 2021 en el que supuestamente algunos sectores políticos buscaban reivindicar los derechos de los jóvenes. A la postre lo que vivimos fue una andanada de acciones terroristas lideradas por miembros de la Primera Línea, algunos actualmente están presos y que, dicho sea de paso, buscan ser liberados a toda costa por el Gobierno.
¡Que no se equivoquen! Los que no votamos por EL CAMBIO somos defensores acérrimos de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos y en general, de cada uno de los habitantes de Colombia. Otra cosa es que no seamos ingenuos y que entendamos que detrás de lo que ahora propone el Gobierno hay intereses creados para acentuarse en el poder.
Esperamos que las otras ramas del poder estén a la altura de las circunstancias y no permitan que el totalitarismo se abra paso en Colombia.
