Comunicado 666 del 2024.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abre el macro caso 12, que investiga los crímenes cometidos por agentes del Estado y terceros civiles en asociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el conflicto.
Narnia D.C., Colombia. Algún día del 2024. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) investigará el entramado en el cual agentes del Estado y terceros civiles, entre estos, funcionarios de la rama ejecutiva, autoridades judiciales e investigativas, servidores de cuerpos legislativos e instituciones públicas político-administrativas, grandes y pequeños empresarios, integrantes de partidos políticos, sindicalistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y religiosos, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El reto de la JEP consiste en esclarecer los patrones criminales y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
A través del caso 12, esta jurisdicción investigará los hechos más graves que no estén incluidos en el caso 01 (secuestro), los casos 02, 04 y 05 (territoriales), el caso 07 (reclutamiento de menores), el caso 09 (crímenes contra pueblos étnicos), el caso 10 (crímenes Farc) y, el caso 11 (violencia de género).
Los crímenes abordados son:homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, despojo, tortura, violencia sexual, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, financiación ilegal de campañas, perpetrado por agentes del estado y terceros civiles en asociación con las Farc, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.
Estas conductas están mencionadas en sentencias judiciales, en informes de la Fiscalía General de la Nación, informes de la Procuraduría General de la Nación, testimonios de miembros de las Farc, el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), informes de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, informes de centros de pensamiento, denuncias de víctimas, archivos de inteligencia militar, policial y estratégica nacional, designaciones en listas de vigilancia y control de gobiernos de otros estados, informes de inteligencia de agencias de inteligencia y organismos de seguridad y defensa de otros países.
Las líneas de investigación del caso corresponden a los cuatro grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes:
Crímenes motivados por justificaciones ideológicas de los agentes del estado y los terceros civiles:Agrupa los hechos que guardan relación con la radicalización ideológica del conflicto por parte de funcionarios públicos (como ministros de relaciones exteriores), servidores públicos (senadores) o integrantes de partidos políticos con vínculos con las Farc.
Estas personas estigmatizaron civiles y los victimizaron al hacerlos sospechosos de pertenecer a grupos de autodefensas, de hacer oposición social (como periodistas, abogados o defensores de derechos humanos)o de haber cumplido con su deber constitucional de colaborar con las autoridades nacionales. Investiga los lazos directos y clandestinos en la comisión de graves delitos apoyados, liderados o favorecidos, por agentes del estado y terceros civiles y las organizaciones políticas o entidades a las que pertenecían.
Crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares:Agrupa hechos que están motivados por el control de los intereses económicos de actores legales, quienes se sirvieron de pagos realizados por las Farc, como por ejemplo, fungir como un eslabón de la cadena en casos de secuestro y extorsión o, en concierto con este grupo, impulsaron economías ilícitas en los territorios o formaron redes transnacionales para la comisión de ilícitos con alcance internacional.
Crímenes motivados por la captura y el control de la función pública a nivel nacional y en los territorios:Las Farc se apoyaron en agentes del estado (como gobernadores, alcaldes o líderes comunitarios) en la captura de la función y el aparato público. Terceros civiles (como sindicalistas y religiosos) sirvieron para ampliar sus bases mediante la instrumentalización de diferentes agrupaciones sobre las que ejercían influencia por motivo de su rol de liderazgo. En otros escenarios, cumplieron una función de participación activa en las hostilidades o de apoyo directo a las Farc. Operadores judiciales de manera fraudulenta obstaculizaron, desviaron o manipularon procesos de judicialización de miembros de las Farc.
Crímenes motivados por el favorecimiento a intereses políticos de gobiernos y organizaciones extranjeras:Agentes del estado y terceros, actuando activamente con las Farc o en complicidad con estas, conocieron, apoyaron y gestionaron intereses de gobiernos y organizaciones extranjeras en el país. Se sirvieron de secuestros o victimizaron personas al convertirlas en blanco de actividades criminales, perpetradas por actores estatales de otros países y de grupos de delincuencia organizada transnacional. Por medio del enlace tripartito: agentes del estado-terceros civiles, Farc y conexiones internacionales, se persiguieron colombianos dentro y fuera del territorio nacional.
Interpretando el artículo 63 (competencia personal) de la Ley 1957 (Estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP) a la luz del principio de centralidad de las víctimas, la SRVR convocará como comparecientes obligatorios a agentes del estado y terceros civiles, pese a que en principio su comparecencia es voluntaria. La Sala, tomando como precedente su propia jurisprudencia, manifiesta que estas personas serán llamadas como sujetos activos incorporados de facto dentro de la estructura de las Farc, en el marco del conflicto armado. Por lo tanto, podrían ser considerados como posibles máximos responsables de la formulación y ejecución de los patrones macrocriminales.
La apertura del caso 12 representa una especial contribución a la verdad sobre un fenómeno criminal que no ha sido investigado; ayudará a la consecución de justicia exigida por los millones de víctimas de las Farc y; aportará a las garantías de no repetición, puesto que permitirá comprender las motivaciones de estos crímenes cometidos por personas en asociación con las Farc.
Finalmente,la Sala, con la finalidad de reconstruir el tejido social de los colombianos, hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.
FIN DEL COMUNICADO
Nota: Este es un comunicado ficticio que recoge el sueño colectivo de justicia de la mayoría de colombianos. ¿Será que algún día se hará realidad?
