El próximo 8 de febrero de 2024, un excolaborador de Ecopetrol, previamente aceptado en el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y quien en sus relatos vincula “directivos de seguridad” de la petrolera, deberá comparecer a rendir versión.
Igualmente, según el testimonio de un exparamilitar en la JEP, tres altos directivos de Drummond serían los máximos responsables del homicidio de un sindicalista en el año 2001. Además, empresas como Coca-Cola, Postobón, Bavaria, Banadex, entre otras, fueron mencionadas en versiones de Salvatore Mancuso, las cuales supuestamente actuaron en complicidad con grupos de autodefensas, de manera aún por determinar.
Estas acusaciones, que dada su gravedad deben ser esclarecidas por las autoridades, no obstante, tienen varios puntos a considerar al momento de estudiarlas:
(i) Un alto porcentaje busca beneficios en el marco de procesos judiciales en Colombia.
(ii) Pretenden conectar a las empresas en violaciones de derechos humanos.
(iii) Son débiles en la presentación de elementos con potencialidad probatoria.
(iv) Se desataron una vez se crearon los mecanismos judiciales y extrajudiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
Particularmente, el cuarto punto resalta de los demás. ¿Por qué? Sencillamente, porque nadie le prestó mucha atención (pasó de agache). Sin embargo, fuentes de toda índole realizaron esfuerzos constantes mediante los cuales hoy día han puesto en la palestra pública a terceros.
Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz presentó un análisis de 56 informes sobre el papel empresarial en el conflicto, dirigido a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). En estos informes se mencionaron 81 empresas que pudieron haber afectado la integridad física de personas, financiado a las autodefensas, violado derechos laborales, contaminado el medio ambiente, entre otros.
Por otra parte, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la Fundación Cultura Democrática, Opción Legal y Corporate Accountability Lab, denunciaron ante la JEP a diversas compañías por delitos cometidos en el contexto del conflicto armado en Colombia.
Es evidente que sí hubo terceros involucrados con grupos armados organizados, grupos delictivos organizados, bandas criminales y otros. Asimismo, nadie ignora que en Colombia existe la presunción de culpabilidad (¿o era la de inocencia?). Luego, es palpable la agenda de persecución al empresariado promovida por ciertas fuerzas que se han especializado en utilizar como armas espacios que, teóricamente, tienen propósitos superiores. Y, trascendiendo disquisiciones en torno a la legitimidad de estos, con el paso de los años, las empresas se han visto obligadas a constituir defensas robustas para atender denuncias que intentan vincularlas con delitos.
Ahora, el mayor problema no radica en que haya quienes instrumentalizan la justicia, sino que la justicia se hubiese configurado a favor de este designio. Bastaba con leer los mandatos 2, 8 y 9 de la CEV, consagrados en el Decreto 588 de 2017, para visualizar ataques que tendrían como blanco el gremio que mueve la economía; ataques que se tradujeron en el informe final del 22 de junio de 2022, en el que la CEV, sin sorpresas, “concluyó” que el sector empresarial tuvo que ver con el mal llamado fenómeno del paramilitarismo.
En la JEP, aunque es claro, de acuerdo con las reglas de procedimiento (Ley 1922 de 2018), que la misma no es competente para conocer de situaciones de terceros y que, de conocerlas, deberá remitirlas a la jurisdicción ordinaria, en la práctica se ha explotado la justicia transicional como altavoz de acusaciones espurias, a las cuales no se les hace contraste.
Estigmatizar a los empresas (pequeñas, medianas y grandes) es decepcionante, debido a que son las que impulsan el desarrollo del país y generan trabajo para una sociedad aquejada de múltiples necesidades. Aun así, deberían hacer un “mea culpa”, ya que de antemano se les avisó que esta ola venía.
La puesta en marcha de estrategias revanchistas estaba cantada, y los empresarios, creyendo que en principio no se trataba de ellos, hicieron la vista gorda. En su mayoría, tampoco fueron solidarios con quienes han tenido que enfrentar adversidades como las que en la actualidad los están afectando. Repitieron -o repiten- la indiferencia que recuerda el poema del pastor luterano, Martin Niemöller. En su composición, el alemán condenaba el silencio cómplice de aquellos que todavía no habían sido perseguidos, pero que eventualmente terminaron sufriendo un destino idéntico.
Con total atrevimiento, se ofrece a continuación una adaptación: "Primero vinieron por los militares, y yo no dije nada, porque yo no era militar / Luego vinieron por los campesinos, y yo no dije nada, porque yo no era campesino / Luego vinieron por los empresarios, y yo no dije nada, porque yo no era empresario / Luego vinieron por los trabajadores, y yo no dije nada, porque yo no era trabajador / Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí".
Solo resta por cerrar con una sugerencia preventiva y premonitoria: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
