En la carta fechada siete de febrero de dos mil veinticuatro, aparte de expresarse con una desfachatez impropia para alguien que ha recibido beneficios judiciales en medio de la impunidad, las Farc mencionaron dos situaciones que a su juicio estiman irregulares en los procesos que están enfrentando en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Indicaron que el tribunal vulnera la seguridad jurídica de los comparecientes, al realizar una apertura interminable de macrocasos en los que obligatoriamente dictaría resoluciones de conclusión. Las Farc aludieron el desconocimiento de la ley estatutaria en términos generales, sin embargo, probablemente hicieron referencia al artículo 79 (literales “m” y “o”).
Aquella norma establece que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) tiene como función presentar resoluciones de conclusiones que identifiquen los casos más graves y las conductas más representativas. Además, indica que la SRVR deberá incluir todas las conclusiones sobre una misma persona en una sola resolución, abordando todas las conductas conocidas.
En principio, tal y como se afirma en la misiva, la JEP solo debía presentar una única resolución de conclusiones que abarque la totalidad de las conductas punibles cometidas por sus integrantes en el conflicto armado. No obstante (y según las aclaraciones realizadas por el presidente de la jurisdicción especial, Roberto Vidal), los once macrocasos que se han abierto hasta la fecha “pretenden determinar patrones sobre los modos en que se desarrolló la violencia en el conflicto, sus principales y más graves hechos y la mayor cantidad de víctimas”.
La argumentación jurídica de la JEP tomaría en cuenta la centralidad de las víctimas, incluso por encima del debido proceso de los comparecientes. Lo que ocurre es que las Farc son caraduras y estando tan untados de sangre, no debería afectarles que les dicten una o más resoluciones de conclusiones.
Los “exterroristas” ahora se quejan del trato recibido porque apenas empezaron a sentirse víctimas de su propio invento. Quizás desean ampliar el favoritismo evidente que se les ha otorgado para terminar de limpiar su imagen, mientras militares y policías soportan las peores injusticias. ¿Qué no habido asimetría en el enfoque hacia unos y otros? Dato mata relato.
Desde la activación del macrocaso 003 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del estado), los subcasos derivados de este, los macrocasos regionales 02, 04 y 05, el 06 (victimización de la Unión Patriótica), el 08 (crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública, agentes del estado en asocio con grupos paramilitares) y los demás que no tienen como sujetos activos exclusivos a las Farc, los miembros de la Fuerza Pública se han visto compelidos a desfilar ante los magistrados por diferentes situaciones.
La JEP ha abierto once macrocasos. En ocho de ellos, las Farc tienen la potencialidad de ser sujetos activos; en igual cantidad de macrocasos, soldados, suboficiales y oficiales podrían ser convocados a comparecer. Esto carece de sentido, puesto que el espurio acuerdo se aprobó en beneficio del grupo terrorista y no en detrimento del Estado.
En el caso 04 (Urabá) hay más vinculados de la Fuerza Pública y Terceros civiles y agentes del estado no integrantes de la Fuerza Pública (165 y 9 respectivamente), que Farc (153). ¿Cómo se explica esa menor proporción siendo que los últimos eran una organización estructurada específicamente para delinquir?
En el universo provisional del macrocaso 11 (violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio), el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), Farc (5.82 por ciento) y agentes del Estado (3.14 por ciento), quedando sin identificar el presunto actor armado restante. Empero, al recordar que existe el macrocaso 08, en el cual se pretende ligar a la Fuerza Pública con los paramilitares: ¿eventualmente los agentes del Estado ascenderían al segundo lugar?
Aquellos que no firmaron nada padecen una carga judicial superior. La verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es solo exigible a los militares y policías.
En fin, había un punto adicional en la carta relacionado con la “vinculación en los casos a integrantes de las Farc de escala media y baja del mando”, el cual tendrá que ser objeto de una columna complementaria. Los dedos se atrofian y la cabeza duele al pensar en este circo en el que se encuentra Colombia.
