“Entiendo que se ha reconocido que las elecciones presidenciales le otorgaron a Gustavo Petro la Presidencia, pero no el Congreso, pero no el Poder Judicial, pero no el Poder de los órganos independientes”.
Fernando Cepeda Ulloa
Mientras el debate nacional y la chismografía que lo acompaña gira en torno de quién es el funcionario número tres que habría recibido un soborno de más de 3 millones de dólares, el tema de un necesario y urgente Acuerdo Nacional desapareció. Conviene resucitarlo. En el Acuerdo está el presente y, seguramente, el futuro de Colombia. En la controversia sobre el funcionario número tres, un pasado que se repite y adquiere prioridad el tema de la regulación de la financiación de las campañas electorales.
No sé cuántas veces me he referido en libros, columnas, conferencias y ensayos a este tema que he considerado central para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Pero no hay manera. Una y otra vez se hunde en los procedimientos parlamentarios la propuesta que en un país asediado por el crimen organizado en diversas manifestaciones pueda garantizar la limpieza de nuestra gobernabilidad democrática. Me refiero a la financiación estatal total de las campañas electorales y, en todo caso, de la campaña presidencial.
Es que no podemos tender este manto de sospechas sobre nuestros presidentes y candidatos presidenciales. Hemos venido, conscientemente, erosionando una de las dimensiones fundamentales de la vida política, a saber, la confianza y la credibilidad en nuestros más altos dirigentes.
Desde cuando se produjo la sentencia del juez norteamericano que le exigió a Odebrecht revelar qué campañas presidenciales había financiado, era más que claro que era indispensable adoptar no sólo una nueva legislación en la materia sino todas las cautelas posibles para evitar esa estrategia diabólica montada por una prestigiosa empresa de construcción de infraestructura en el mundo. Los que saben dicen que no era la única.
Volvamos al tema del Acuerdo Nacional. Reiteradamente he sostenido a lo largo de este primer año de gobierno que fue una gran ligereza no haber construido debidamente el Acuerdo Nacional que se consolidó en la segunda vuelta de la elección presidencial y que dio lugar a la formación de un gabinete ministerial que incorporaba personalidades que estaban más allá de los partidos de izquierda que habían constituido el Pacto Histórico.
Esa ligereza hizo que no existieran reglas para el buen funcionamiento de la coalición. Y así pasaron los meses y un mal día, por allá a finales de abril, el presidente Petro resolvió enterrarla. De esta manera renunció a contar con una mayoría en el Congreso. Y, bien probable, en la opinión pública.
No pasó mucho tiempo para que se hiciera evidente que era un error mayúsculo renunciar a una mayoría que tres fuerzas políticas le habían garantizado a un gobierno minoritario. Apenas obvio. Es que la gobernabilidad democrática exige que el gobierno de turno cuente con una mayoría, es decir, que el Gobierno pueda gobernar, porque de eso es de lo que se trata.
Entiendo que se ha reconocido que las elecciones presidenciales le otorgaron a Gustavo Petro la Presidencia, pero no el Congreso, pero no el Poder Judicial, pero no el poder de los órganos independientes, pero no el poder del sector gremial, pero no el poder de las universidades, de los institutos de pensamiento o el de las diferentes iglesias.
Indispensable reconstruir la mayoría. Y para ello el Acuerdo Nacional. Pero no impuesto. No inventado en un almuerzo. Un Acuerdo Nacional construido con la participación eficaz de los partidos y fuerzas políticas que lo desean y prometen funcionar dentro de sus lineamientos, bien consentidos por todos.
Un Acuerdo Nacional que cuente con reglas para construir los consensos y manejar los disensos. Un Acuerdo que le muestre al país que hay un espíritu patriótico de colaboración y no de confrontaciones y de rencillas mezquinas permanentes. Un Acuerdo que reconoce que 200 años de historia ofrecen un bienestar que no es perfecto pero que es muy superior al que teníamos cuando se inició la República y en las décadas subsiguientes.
