Supongamos que el partido de gobierno sufre un descalabro electoral. ¿Cómo sería la atribución de responsabilidades, cómo serían las mutuas recriminaciones, cómo serían las exigencias para el periodo que antecede a la elección presidencial?
Fernando Cepeda Ulloa
Escribí una columna en la cual llamaba la atención sobre la importancia de las elecciones subnacionales del próximo mes de octubre. Es que tenemos un gobierno que tiene una especial necesidad de lograr un buen desempeño en los resultados electorales porque considera que ellos van a ser interpretados como una ratificación del mandato de la elección presidencial del 19 de junio pasado o, por el contrario, como la expresión del descontento con la administración Petro. A su turno las fuerzas políticas de oposición perciben una oportunidad para recuperarse y enfilarse para la elección presidencial del 2026.
Reitero en escritos y conferencias que la elección de octubre está contaminando todo el proceso político. Nombramientos, destituciones, proceso legislativo, retórica, relaciones con el sector empresarial, escándalos mayores y menores, la relación o confrontación con los medios, etc.
La elección en Bogotá es clave y ahí se ve una situación muy enredada en todas las fuerzas políticas. Curioso. Se esperaba que las dos vueltas que sólo se aplicarán en este distrito capital facilitarían el proceso. Cada día hay menos claridad y los aspirantes aparecen y desaparecen.
El ambiente político está sobrecargado. En el Congreso hay muchos temas pendientes de alto calibre. Y en las cortes ni hablemos. Se dejan constancias que alegan que el procedimiento reglamentario no ha sido cumplido en algunos casos y, así, se le va trasladando, principalmente, a la Corte Constitucional una responsabilidad enorme. No es así en otros países en los cuales el rigor de los procedimientos no deja en vilo la vigencia de las leyes.
Supongamos que el partido de gobierno sufre un descalabro electoral… ¿Cómo sería la atribución de responsabilidades, cómo serían las mutuas recriminaciones, cómo serían las exigencias para el periodo que antecede a la elección presidencial?
Y si obtiene un triunfo clamoroso, ¿cómo sería el enfoque de la política para los dos años siguientes? y ¿qué comportamiento asumirían las fuerzas políticas que no ganaron?
En esencia estas elecciones regionales tienen un significado estratégico para todos los actores políticos. Algunos creen que es mejor sentarse a esperar qué sucede. ¡Qué despiste!
Así las cosas, es clave asegurar que habrá reglas de juego equitativas y que habrá un debate complicado sobre si se está haciendo un buen uso del poder no para ganar sino para que los contendores sientan que han gozado de todas las garantías, que el juego ha sido limpio, que las cartas no estaban marcadas.
Y entonces la gran pregunta, ¿La Ley de Garantías que se concibió para la reelección presidencial tiene vigencia para estas elecciones? No creo. Tan sólo y eso lo confirman quienes se consagran al tema electoral, el artículo 38 que he solicitado que se reproduzca en esta página para mayor ilustración de los lectores.
Y el tema sería la vigilancia que se debiera ejercer para su cabal cumplimiento. Y para evitar que las asambleas populares que el presidente ha ordenado convocar y que en su primera descripción tienen un carácter eminentemente electoral, y siempre político, claro está. Nada fácil para la Procuraduría, para los partidos que están compitiendo y para las autoridades que las convoquen y manejen.
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Nota:
Parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías:
Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.
