Esa es la narrativa que ha querido vender el Gobierno Nacional para tratar de esconder debajo de la alfombra los escándalos familiares, la falta de ejecución de los ministerios, el desplome de la economía, el nepotismo, la falta de aprobación de las reformas en el Congreso y las investigaciones a la campaña presidencial.
El nuevo Florero de Llorente ha sido la elección de la nueva fiscal general de la Nación y el papel de la rama judicial y su independencia para votar sin presiones de ningún tipo.
Pero el tema es más de fondo que la elección de un nuevo fiscal que se encargue de liderar el ente acusador en Colombia. La realidad se trata de seleccionar a una persona que le garantice al gobierno una real sepultura a todas sus preocupaciones de carácter judicial.
El caso de Nicolás Petro entró en una etapa decisiva en la Fiscalía donde ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Sin lugar a duda un capítulo inédito en la historia nacional y que por supuesto es del corazón del presidente de la República.
La financiación de la campaña presidencial está al tablero por los recursos que entraron y que no fueron declarados ante el Consejo Nacional Electoral y que tienen en permanente escrutinio al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Los procesos que tiene el actual embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, que pasaron nuevamente de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía y que al final se han ido dilatando, jugando meticulosamente ajedrez con el fuero que ostenta el exsenador y ahora embajador para ver quién tiene la competencia para adelantar esas investigaciones.
Las investigaciones a Juan Fernando Petro relacionadas con los acuerdos que se habrían hecho en las cárceles, durante la campaña presidencial para avanzar con la política de Paz Total, buscando beneficios jurídicos para los “capos” a cambio de votos para ganar la presidencia.
Pero lo que sería más grave es la presunción de que podrían abrir procesos judiciales en contra de quien decida criticar, cuestionar o hacerle oposición al Gobierno Nacional. Algo peligroso y que pondría en jaque la institucionalidad.
El Gobierno ha sido muy eficaz en su esfuerzo internacional de enviar funcionarios y congresistas del Pacto Histórico, a distintos organismos internacionales vendiendo la narrativa de un golpe blando en contra el gobierno.
Desde la oficina de derechos humanos de la ONU, la OEA y hasta la CIDH han comprado esta historia y se han lanzado distintos comunicados en defensa del gobierno pidiendo celeridad a la Corte Suprema de Justicia en la elección de fiscal general.
Esto no es un tema menor considerado por muchos como una intromisión inapropiada en asuntos internos de Colombia que no deberían estar sujeta a presiones de organismos internacionales.
Pero incluso en el país hay varios juristas y periodistas que en el pasado veían con buenos ojos que la Corte Suprema se tomara su tiempo en la elección del fiscal, e incluso le pedían que devolviera las ternas que no eran de sus adeptos o que satisfacían sus gustos y prejuicios.
Increíblemente hoy sus argumentos cambiaron y con razón, las ternadas cumplen ampliamente con todos los requisitos ideológicos que son de su entraña y corazón.
En Colombia el único quiebre institucional existente es el que quiere imponer el Gobierno presionando la libre elección del fiscal.
Haber convocado plantones y movilizaciones para bloquear la Corte Suprema de Justicia durante las votaciones, inclusive ver el Palacio de Justicia sitiado por la Policía para evitar desmanes de fanáticos enardecidos que creen la pantomima oficial de que si no se elige fiscal en los tiempos que quiere el presidente, se estaría rompiendo el orden constitucional es sencillamente aberrante.
Lo que está en juego es también la separación de poderes y por supuesto la independencia de la rama judicial.
Si bien el presidente terna, es la Corte quien elige. No confundir la potestad de ternar con la potestad de elegir. Para nadie es un secreto que quien llega a ocupar la Fiscalía General tiene cercanía con su nominador, pero de igual forma se espera que tenga independencia y respeto constitucional.
La Fiscalía no es para personas resentidas, con ansias de venganza o de poder. Este cargo honorable y de tanta responsabilidad debe estar ocupado por personas con amplia preparación, con excelsa ética, condición humana y alejada de intereses políticos o compromisos personales y electorales.
El mayor quiebre institucional sería elegir un fiscal general de bolsillo para cobrar venganza y sepultar a quien piense diferente.
No perdamos la vista del tablero, lo que está en juego es la democracia colombiana.
