La desacertada derogación del Decreto 1844 de 2018, con el que le dimos facultades a la Policía Nacional para imponer sanciones a quien ejerciera comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en las calles y espacios públicos, es muy peligrosa y beneficia al crimen.
Sorprende que el gobierno actual tumbe una herramienta fundamental para decomisar drogas, liberar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes, que estuvo vigente durante 5 años, que no criminalizaba a los consumidores, y ahora deje sin facultades a la Policía Nacional en sus funciones de requisar y confiscar estupefacientes.
Así los jíbaros, podrán traficar a sus anchas frente a las narices de todos.
Con el decreto derogado, durante nuestro gobierno, logramos liberar más de 25 mil espacios seguros y parques, se lograron los mayores decomisos de drogas en las calles del país y, a raíz de la eficiencia del decreto y la efectividad de la fuerza pública, los padres de familia, en los barrios, denunciaban dónde los jíbaros tenían y vendían la droga.
Vale la pena recordarle a los que aplauden esta medida que protege al microtráfico y a los jíbaros, que la Constitución colombiana establece que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás y liberar los entornos seguros donde están los niños es muchísimo más legítimo, desde el punto de vista constitucional.
Es paradójico que el Gobierno considere el consumo de drogas, como un derecho fundamental.
Preocupa, además, la sugerencia del gobierno de que sean los alcaldes y gobernadores los encargados de reglamentar estas medidas para controlar el expendio de drogas, dependiendo de su interpretación, lo que nos pone frente a un desorden institucional y deja a la policía en una completa desorientación con las restricciones para realizar decomisos, requisas y capturas de los jíbaros.
Países europeos que dieron pasos hacia la descriminalización y despenalización del consumo de drogas, como España y Portugal, contemplan sanciones administrativas por porte y consumo de drogas en espacios públicos. La facultad de confiscarles la droga era muy efectiva porque se les atacaba su principal fuente de ingreso, la economía ilegal del microtráfico.
En Colombia se despenalizó la dosis mínima hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no puedan existir sanciones administrativas que establecía decreto 1844 de 2018, que fijaba un procedimiento para imponer medidas correctivas por infracciones derivadas del porte de sustancias psicoactivas. Esperamos que el Congreso de la República tramite una ley que fije los derroteros para tener una ciudadanía libre de drogas y que los alcaldes sean firmes en no entregar el país a los intereses de los jíbaros.
