Por Jaime Arizabaleta @jarizabaletaf
En los últimos meses, el país se ha sorprendido con las declaraciones públicas de dos prófugos de la justicia solicitados en extradición, como lo son los narcoterroristas más buscados de Colombia: Jesús Santrich e Iván Márquez.
En la primera declaración, Santrich agradece a varios congresistas e incluso a un medio de comunicación por su “compromiso por la paz” y en la segunda, hace algunas semanas, salió Márquez a hacer proselitismo político, haciendo un llamado a una coalición para derrotar al uribismo en 2022, donde se sumó a la revocatoria de Duque —iniciativa del senador Barreras—.
La cercanía entre Iván Márquez, Santrich y la clase política colombiana no puede ser más evidente, pero aquí no pasa nada. El mismo país, que tanto se escandalizó con el proceso 8000, la parapolítica y actualmente; con la denominada “ñeñepolítica”, ahora guarda silencio.
Definitivamente, el único avance de la negociación de La Habana, hasta el momento, ha sido la institucionalización de la combinación de formas de lucha. Desde el uribismo es necesario cuidarse de las distintas expresiones de las FARC: la armada, que nos desea muertos y que ha cometido múltiples atentados contra Uribe (diecisiete ocasiones); la política, que sin autoridad moral y, para colmo, impune, señala a los colombianos de bien desde el Congreso; y finalmente su retaguardia hipócrita, incrustada en el Estado colombiano, quien utiliza los falsos testigos como armas de guerra.
Ningún bandido en la historia de Colombia, ni siquiera Pablo Escobar, se ha atrevido a tanto desde la clandestinidad como lo han hecho Márquez y Santrich. Estos prófugos extraditables, más que simples declaraciones de apoyo, pretenden la creación de un nuevo directorio político clandestino con el fin de derrotar al uribismo en las elecciones de 2022.
Resulta sumamente preocupante: ¿qué garantías pueden tener los militantes del uribismo para las próximas elecciones? Puesto que, además de enfrentar a los Fajardos y a los Petros, se suman a dicha coalición nada más y nada menos que los delincuentes Iván Márquez y Jesús Santrich.
¿En qué otro país del mundo un criminal en armas, prófugo de la justicia y solicitado en extradición por terrorismo y narcotráfico, hace un llamado a una coalición para derrotar un sector de la política? ¿Realmente es posible hablar de democracia? ¿Qué pueden esperar los uribistas, si delincuentes de dicho talante, armados hasta los dientes, hacen un llamado para derrotarnos?
Algo bueno tuvo que haber hecho el expresidente Uribe para que desde la otra orilla se concierten las más fétidas expresiones de la vida nacional con el objetivo de destruirlo.
El mismo Márquez, quien ordenó atentados contra la vida del expresidente Uribe, como el carro bomba de Barranquilla previo a la campaña de 2002, hoy, en vísperas de las elecciones de 2022 posa de nuevo amenazante contra Uribe. Acto que, al parecer, no merece el rechazo de los sectores políticos “humanistas” de la vida nacional. ¿O acaso los exguerrilleros indultados y hoy activos en política han expresado su rechazo? Por supuesto que no, porque están completamente de acuerdo.
Cualquiera, de manera deliberada, podría calificar las declaraciones de estos criminales como “aisladas” y, por tanto, estas cuestiones no preocuparían. Sin embargo, al analizar el contexto, comparten la misma identidad ideológica, discursiva y particularmente, de objetivos comunes con un amplio sector de la ultraizquierda colombiana.
Los uribistas y el país quedan notificados de que en el propósito de acabar con Álvaro Uribe concurren: Fajardo y sus ironías, Cepeda y sus falsos testigos, santistas y su corrupción, sectores de la prensa bogotana y su revanchismo, más la cereza del pastel: Iván Márquez, Santrich y sus fusiles.
