Por Jaime Arrubla Paucar / Director Revista Alternativa
El 2020 es el año más atípico que le ha correspondido vivir a las generaciones actuales. La pandemia lo revolcó todo; la forma de vivir, de trabajar, de estudiar, el trato con los demás, los comportamientos sociales y familiares. El año que se va nos dejó retos, incertidumbres y enseñanzas de todo orden; miremos algunas de ellas.
La economía quedó erosionada por el confinamiento; sectores como el turístico, la industria del entretenimiento, la hotelería, etc., no se han podido recuperar y no lo harán hasta que se supere la pandemia. La pérdida del empleo fue arrolladora, se habla de más cuatro millones de desempleados y de una crisis mayor en las pequeñas y medianas empresas. El país se debe preocupar en adelante en fomentar el empleo; en abrir puestos de trabajo. Por ello, el proyecto de ley aprobado en segundo debate por el Senado de la República, que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con el mismo salario de la jornada actual, dará mucho de qué hablar la próxima legislatura.
Muchas razones se esbozan para su defensa: se dice que Colombia es de los pocos países que continúa teniendo una jornada laboral tan alta, en comparación con otras naciones de la región latinoamericana, también se agrega que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es por 40 horas; que en Europa la jornada laboral es de 37,5 horas promedio; que reducir la jornada laboral significa más tiempo en familia, mayor productividad, más empleo y motivación.
Sin embargo, además de la del Gobierno, han aparecido importantes voces disidentes, incluso del mismo partido que avalan la iniciativa, las que anuncian que no acompañarán el proyecto por considerarlo, en este momento, a todas luces inconveniente. Se dice que la iniciativa está bien intencionada, pero no es el momento cuando la economía está en recesión; la pandemia ha aporreado a las empresas en gran medida, que se agravaría aumentando sus costos salariales de producción en un 20 %, desestimulando la creación de empleo. El país sería menos competitivo y la rebaja, de ser aprobada,
agravaría la situación. Lo que hay que hacer es crear empleo a toda costa y con la iniciativa se logra exactamente todo lo contrario. En realidad, el 80 % de los países tiene jornadas de 48 horas.
En esta coyuntura, a todas luces atípica, llegó la discusión del aumento del salario mínimo, sobre el cual, como era de esperarse no hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios y le corresponde al Gobierno su fijación por decreto, que no será tan bajo como el 2.7 % propuestos por empleadores, ni el millón de pesos que proponen los trabajadores; seguramente se situaría alrededor del 3.5 %.
Se vendrá una nueva reforma tributaria para poder conseguir los recursos que se ocasionaron con la atención de la pandemia. A la ya insoportable política alcabalera se avecina otra que seguramente afectará la productividad de personas y de empresas, para poder cubrir los gastos del feriado presupuesto de emergencia. No le fue muy bien al Gobierno como legislador. No habíamos visto tantos decretos legislativos como los que ahora salieron con ocasión de la emergencia económica y social de la pandemia. La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático, tuvo que echar por la borda muchos de esos decretos, pues el ejecutivo se extralimitó como legislador de ocasión.
Algunos de los “tumbados” configuran un fuerte golpe a la política fiscal del Gobierno: se tumbó la sobretasa que se había establecido a los consumidores de energía de altos ingresos para sufragar gastos de empresas en dificultades como Electricaribe; se declararon inconstitucionales las contribuciones que se habían fijado con cargo a los contribuyentes y a favor de la comisión de agua potable y la Superintendencia de Servicios Públicos para atender gastos de funcionamiento de estas dos entidades; y, se derrumbó la norma del Plan de Desarrollo que establecía una contribución especial para financiar procesos de consultas previas. Se fundamenta la Corte en el principio de legalidad del tributo, que está consagrado en el artículo 338 de nuestra Constitución. No pueden haber impuestos en una democracia sin la autorización del Congreso y no deben utilizarse para atender gastos de funcionamiento ordinarios de las entidades públicas. Esperemos que esta enseñanza se atienda para la próxima reforma tributaria. La prudencia invitaría al Congreso a no precipitarse con la iniciativa de reducción de jornada laboral, hasta que no sepamos en qué vamos a quedar con los tributos.
Un verdadero revolcón ocasionó la pandemia en la Administración de Justicia. A “la brava” fue necesario llevarla al entorno virtual y ha funcionado. La oralidad tan “cacaraqueada”, demostró que llegó tarde; lo que se impone ahora es la virtualidad, inclusive con actuaciones por escrito sobre las verbales, para no tener que hacer tanta audiencia. El expediente digital se impuso y ojalá el cambio sea para quedarse. La reforma a la Justicia se quedó en veremos. El Gobierno ya se refiere en el tema a “cuestiones menores”, que seguramente se requieren, pero que no van a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia.
Mala nota la que observamos cuando se ternan personas cuestionadas para importantes cargos judiciales.
La prudencia en la escogencia debería estar en el Gobierno, ternando a los mejores, no a los amigos; pues ya sabemos que el Congreso obedece a criterios políticos, un tanto imprudentes, como se vio en el momento de elegir un miembro para la Comisión de Disciplina Judicial que está siendo juzgado por corrupción por la Corte Suprema de Justicia. La “lisonja judicial” que vimos en la JEP es inaceptable; no deben los magistrados en ejercicio recibir condecoraciones ni recompensas por su gestión; no es propio del juez dejarse seducir, ni halagar por ningún órgano o persona; desdice de su independencia y deteriora su misión.
Dejemos que llegue el nuevo año con lo que traiga; ya por lo menos tenemos la vacuna asegurada para 20 millones de colombianos, que es un buen comienzo y un buen augurio de que esta terrible página del 2020 la vamos a pasar.
“Dejemos que llegue el nuevo año con lo que traiga; ya por lo menos tenemos la vacuna asegurada para 20 millones de colombianos”.
