En una democracia, el poder se controla a través del derecho; existe un juego de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público; el Estado de derecho vigila los abusos y mantiene el equilibrio democrático; por ello se precisa de un poder judicial independiente, que cumpla y haga cumplir la constitución y la ley.
Así que, es de trascendental importancia que a los altos cargos de la justicia lleguen personas independientes, para que sus decisiones se fundamenten en el derecho y dejen por fuera todo tipo de presiones y no privilegien intereses.
La Corte Constitucional es el juez de las leyes, tanto las que produce el Congreso, como los decretos que con la misma fuerza de ley produce el Ejecutivo; le corresponde a esta institución la guarda íntegra de la Constitución. De allí, que algunos gobernantes quieran controlarla, para tener la seguridad de que no se van a ir abajo las producciones normativas que realizan en el marco de los estados de excepción (emergencia económica, social, conmoción interior) y que les otorga nada más y nada menos que la facultad de reemplazar temporalmente al Congreso; además, que van a estar blindadas las leyes que han impulsado en el Congreso como sus políticas gubernamentales.
¿Pero cómo controlar la Corte, si está compuesta por nueve magistrados, ternados, tres por el presidente, tres por la Corte Suprema y tres por el Consejo de Estado, de las que elige el Senado los magistrados? Desafortunadamente apareció desde hace varios años la manera de hacerlo y se ha puesto en práctica. El presidente asegura los que le corresponda ternar y para los demás ha surgido una forma perversa de influir en la integración de las ternas que realizan las Altas Cortes Suprema y Consejo de Estado. La elección en el Senado es “pan comido”, pues se atiende a la coalición armada por el mismo gobierno.
Comento la experiencia que me tocó vivir como magistrado de la Corte Suprema, advirtiendo, que la gran mayoría de los magistrados, no incurrían en estas malas prácticas, pero algunos sí lo hacían. El procurador, el fiscal, el contralor, con honrosas excepciones, se convierten en poderosos influenciadores en los procesos electorales que se cumplen en las Altas Cortes. Ofrecen a los magistrados cuotas de poder en sus dependencias y luego les cobran el favor, pidiendo a su vez otro favor, que es inclinar su voto por determinada persona. Esto ha pervertido el sistema.
Ahora se avecinan tres elecciones de magistrados de la Corte Constitucional; una terna será enviada por el presidente, otra, ya ha sido elaborada por el Consejo de Estado y otra más adelante será elaborada por la Corte Suprema. Esperemos que los magistrados encargados de elaborar esas ternas hayan escogido y escojan personas demócratas, que crean en el Estado de derecho a fin de que puedan realizar la tarea de control y de equilibrio que precisa la democracia.
Cuando el poder ejecutivo controla la corte que lo controla, la que pierde es la democracia y el Estado de derecho; el principio de la autonomía judicial queda en entredicho, y la Corte sometida al querer del Gobierno, pasa a ser una simple cortesana.
