El presidente Petro, luego de su decisión de poner fin a las relaciones diplomáticas con Israel en protesta por la invasión de la Franja de Gaza, ahora decide prohibir las exportaciones de carbón a Estado judío, también motivado por su posición frente al conflicto, haciendo caso omiso de los intereses económicos, de nuestra república, recibiendo como consecuencia el agradecimiento de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica) originador del conflicto por su ataque a los participantes de un concierto musical, con la toma de rehenes, por su generosa solidaridad a costa de los intereses de los colombianos; agradecimiento que nos ofende a la mayoría de los colombianos; mientras hierven en el país las críticas su política internacional.
Pero si esa es una política allende los mares, acá en los linderos de nuestra república, tampoco es motivo de aplauso el manejo que le ha dado a la crisis venezolana. Su participación en el escenario que ha provocado Maduro, al embolsillarse las elecciones de Venezuela contra toda evidencia; la afanosa decisión del gobierno colombiano, ha sido la de defender a toda costa la posición del señor Maduro, el punto que llegó a solicitar con el presidente del Brasil, más o menos del mismo linaje, la repetición de las elecciones venezolanas ganadas por la oposición, triunfo acreditado con las actas oficiales respectivas en más de un ochenta por ciento.
Con razón no se atendió la convocatoria a la Comisión Asesora de Relaciones Internacional. A buena hora, los expresidentes que hacen parte de la misma, casi en la totalidad, no aceptaron asistir, por razones que son más que evidentes. Uno de los expresidentes que por ley puede asistir a dicha comisión expresó: “El gobierno de Colombia frente a la dictadura de Nicolás Maduro ha sido ambivalente y cómplice en su silencio frente a las atrocidades, sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos, el deseo de arrebatarle al pueblo su decisión soberana e incontrovertible en las urnas en favor de Edmundo González y lo que es peor, tratar de darle oxígeno a la dictadura para que pueda manipular y perpetuarse en el poder”.
La derrota de Maduro y el triunfo de González, son inobjetables e indiscutibles; lo único que puede seguir es que entregue el poder y cese la represión en el vecino país. El gobierno colombiano no le marcha a ello y, por tanto, nada tienen que hacer los miembros sensatos de la comisión, aceptando una convocatoria, que no busca cosa distinta que legitimar una política exterior inaceptable.
La situación ha motivado que un grupo de juristas internacionales, presentara el pasado fin de semana una denuncia ante la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI), para que investigue el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, solicitando además acciones inmediatas para detener las violaciones a los derechos humanos, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por las fuerzas de seguridad del Gobierno, que no son hechos aislados, sino un patrón generalizado y sistemático en Venezuela.
A la tenacidad admirable de la líder de la oposición María Carolina Machado y sus compañeros, hay que acompañarla con diversas acciones, que por supuesto no encajan en la política exterior del gobierno colombiano. El desatinado pronunciamiento del Tribunal Supremo, validando sin razones el resultado electoral, no hace cosa distinta que confirmar una realidad ya conocida; que en el vecino país no hay una corte suprema de justicia, sino una cortesana del régimen.
