“El revolcón estructural que necesita la justicia en el país va más allá de señalar lánguidamente que es un problema ético o del componente humano”
POR: Jaime Arrubla Paucar
Presidente Revista Alternativa
Al calor de una campaña para elección presidencial, aflora siempre el tema de la administración de justicia, asunto que llama a gritos desde hace tiempo por una reforma integral. ¿Por qué hay que reformar la justicia? Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso de un pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, su triunfo frente a la corrupción, sino mediante una justicia sólida, autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, limpia, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo.
Con las circunstancias vividas en los últimos tiempos, donde la corrupción generalizada se apodera de la sociedad, que corroe la contratación pública, que se viene asomando incluso a jueces o ex jueces de las altas cortes, se torna necesario volver a la reflexión sobre la necesidad inaplazable de realizar una reforma integral a la justicia en el país.
Ha llegado el momento de que el problema de la justicia deje de ser contemplado parcialmente como si todo se redujera a un tema de congestión judicial, o de impunidad, por relevantes que sean estos temas, para contemplar otros de acentuada significación que deben tenerse en cuenta en el planteamiento de las soluciones.
El revolcón estructural que necesita la justicia en el país va más allá de señalar lánguidamente que es un problema ético o del componente humano.
El diseño de esta rama del poder público quedó con deficiencias en la Constitución de 1991. Comenzando por señalar que se atomizó la rama jurisdiccional en cuatro cortes, además, posteriormente se le agregó otra, por exigencias de las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); creando delicados conflictos funcionales; todo esto hay que articularlo.
A las competencias jurisdiccionales de las cortes, se agregaron otras de carácter electoral, para elegir funcionarios diferentes a la misma rama. Ello lleva no solo a la distracción de la función judicial en cuestiones que no son de su incumbencia, sino que además pone a los magistrados en procesos electorales, que terminan en injerencias políticas, como el país lo ha comprobado. Se han puesto paños de agua tibia a la solución del problema, devolviendo la elección al Congreso, con unos remedos de concurso, que, desde su inicio, tienen cantado al futuro elegido.
Es necesario fortalecer la acción de tutela y evitar que se abuse de su ejercicio. Los jueces no deben entrometerse irracionalmente en las actividades administrativas del Estado. Pero el Estado no puede dejar de cumplir sus funciones so pretexto de que falta sentencia de tutela.
La verdadera paz de Colombia precisa de una justicia fuerte, pronta, independiente, sin corrupción, con tecnología y con una adecuada infraestructura; sin impunidad en las causas penales. El compromiso de quien llega la primera magistratura debe ser el de poner todo su liderazgo para que estos propósitos sociales e institucionales se hagan realidad en Colombia. Que los habitantes de esta nación puedan contar con una administración de justicia que garantice el goce de sus derechos; que todos tengan acceso a sus servicios, por pequeña que sea su causa o por escasos que sean sus recursos económicos. El acceso a la administración de justicia de todos los colombianos debe ser fin predilecto de las políticas de justicia, pero además de manera oportuna y eficiente.
De allí la necesidad de que la política pública de justicia, además de oportuna y eficaz, sea una prioridad para el Estado, pues con ella se contribuye no solo a la unidad nacional, sino a la pacificación que tanto necesitamos.
Llevamos varios gobiernos, un gran número de comisiones y varios intentos de reforma; los mismos que se han frustrado e incluso contaminado por torcidos intereses. Esperemos que en el próximo cuatrienio sea posible lograr la solución a los problemas que enfrenta la administración de justicia en el país.
