En las llamadas elecciones primarias en Venezuela, el triunfo apabullante fue para la oposición, la candidata opositora del chavismo, María Corina Machado, obtuvo el 93 % de los votos, aplastando rotundamente al partido de Gobierno, hoy en el poder, desde hace ya varias décadas.
“La oposición venezolana ha recobrado la ofensiva política en el país, y acabamos de hacerlo a lo grande y de una manera exitosa”, señaló en rueda de prensa, Simón Calzadilla, miembro del bloque de la disidencia, que agrupa a varios partidos políticos.
A estas elecciones de primarias se había llegado gracias al Acuerdo de Barbados, que se venía adelantando en secreto, con la colaboración de los Estados Unidos, país que actúa como garante, el que fue suscrito el pasado 22 de octubre entre la Plataforma Unitaria (bloque de oposición) y los representantes de Nicolás Maduro, para avanzar en establecer las condiciones necesarias para realizar una elección presidencial justa, libre y competitiva en el año 2024.
El convenio incluye varios temas y compromisos, como el de atenuar algunas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de petróleo y oro venezolanas; así como también las garantías del levantamiento de la inhabilitación política que fue impuesta contra María Corina Machado, convocar a elecciones que deberían realizarse en Venezuela el próximo año, entre otros puntos acordados.
En las elecciones participaron dos millones y medio de ciudadanos, que le dieron un triunfo indiscutible a la oposición, resultado irrefutable que sin duda ha atemorizado al Gobierno que ahora pretende a toda costa restarle validez a lo sucedido, acudiendo a una serie de leguleyadas para desconocer un hecho irrefutable: El pueblo no quiere que continúe el régimen de Maduro en Venezuela.
A una semana de ocurridos los comicios internos, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias” (CNP). La decisión, al parecer, respondió a un recurso introducido por el diputado opositor José Brito, quien alegó “irregularidades” en la consulta que se organizó de forma autogestionada. Sin embargo, es notorio que, en dicho país, el poder judicial está cooptado por el Gobierno y atiende siempre a los requerimientos de éste. Allí no hay Corte, sino cortesana del Gobierno.
La decisión judicial obedece más a la necesidad de corregir un mal cálculo efectuado por el Gobierno sobre lo que serían los resultados de las primarias y a la sorpresa que se obtuvo en las mismas.
Encuentran en el poder judicial eco para salirse del compromiso de respetar los resultados electorales.
Queda muy mal ante la comunidad internacional el Gobierno de Venezuela si persiste en la inhabilitación de la líder de la oposición y si incumple los compromisos de permitir unas elecciones libres. Ya escuchamos la declaración de un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señaló: “El gobierno de Estados Unidos tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral”.
Esperemos que esta vez, la oposición venezolana cuente con el apoyo de la comunidad internacional en esta lucha democrática de un pueblo que al fin se manifiesta en las urnas, contra un Gobierno que empobreció una nación y se resiste a entregar el poder.
El gran problema que han mostrado los gobiernos de izquierda en el mundo entero, es que una vez llegan al poder, se perpetúan en él; no lo entregan por ninguna forma, ni aún siendo derrotados en las urnas.
