La Procuraduría General de la Nación es una Institución que consagra nuestra Constitución Política, que no existe en todos los países. El Ministerio Público en Colombia, cumple funciones disciplinarias, investiga y sanciona los funcionarios públicos, interviene en los procesos judiciales, defiende los intereses de la sociedad, los interés colectivos, el medio ambiente, el interés público, entre otras funciones y recientemente se le otorgaron también funciones jurisdiccionales, para tratar de atender al Pacto de San José que indica que los funcionarios de elección popular, no pueden ser destituidos sino por autoridad judicial y penal; experiencia vivida con el caso Petro, cuando era alcalde de Bogotá.
En teoría podría decirse también que es un importante instrumento para la lucha contra la corrupción, debido a las variopintas funciones que cumple. Sin embargo, el problema se concreta en la forma cómo se elige el procurador. Dice la Constitución, que será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Es acá donde radica el problema institucional de la Procuraduría, que la convierte en instrumento político y la aleja del cumplimiento de su misión democrática. Para verificar esta afirmación, basta con analizar lo que acaba de pasar en el país con la conformación de la terna para elegir el próximo procurador.
Tanto el Consejo de Estado, como La Corte Suprema, de una lista de convocados, donde se encontraban destacados juristas, se inclinaron por candidatos eminentemente políticos, con corrientes políticas en el Congreso.
Se pregunta el observador desprevenido, ¿por qué razón eligen un político y no a un jurista? Porque desde hace algún tiempo, algunos magistrados, no todos advertimos, tienen cuotas de poder burocrático en dicho órgano de control y quieren conservarlas. Es más viable en el Congreso un candidato de la política que uno que provenga de la justicia o de la academia.
Ahora, el presidente ha designado su cuota, todavía más cercana de la política, seguramente al amparo de acuerdos con grupos políticos y buscando derrotar a los otros candidatos de partidos de oposición. Se dice que ya tienen los votos para elegir al candidato del presidente y ello obedece a acuerdos políticos burocráticos, que deberá atender el nuevo procurador que se elija y que tornan nugatoria la función de control que ejerce el Ministerio Público. Ya veremos que todos los procuradores delegados y regionales, se convierten en cuotas de poder político de los diferentes senadores que apoyaron su elección, conservando algunas cuotas para magistrados afines.
Así las cosas, el procurador se convierte en un gestor político y tendrá la posibilidad de influir en futuras decisiones burocráticas de las Altas Cortes; reclamando el favor a los magistrados a quién les ha repartido poder; como por ejemplo, influirá en la elección de ternados para la Corte Constitucional y para las otras Altas Cortes.
Como resultados de todo este tejemaneje, es imperioso concluir que la Procuraduría en Colombia, se ha convertido en un actor político y que su función de control queda cercenada y cooptada por la política. Por ello el actual presidente de la República quería acabarla; pero al final decidió que era mucho mejor apoderarse de ella.
