“En esta tarea, que se viene decantando desde nuestros inicios republicanos, no se pueden aceptar improvisaciones; no puede haber lugar a ellas y menos con la incursión de la tecnología que superó los viejos procedimientos manuales que se prestaban para el fraude electoral”.
POR: Jaime Alberto Arrubla
Presidente Revista Alternativa
El sufragio y las elecciones son la esencia fundamental de una democracia; esta manera de gobernar los pueblos se asienta en la participación ciudadana por medio del voto; los ciudadanos tienen el derecho y también el deber de participar con su voto. Es también deber del Estado, garantizar el ejercicio de ese propósito participativo; que la sociedad pueda ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de coacción, en forma secreta y con absoluta libertad. Estos derechos se encuentran garantizados en la Constitución, en sus artículos 1, 2 y 258 entre otros y configuran la razón de ser de nuestro modelo de Estado: una república democrática.
La misma Constitución les asigna a las autoridades electorales competencias para que estos propósitos sean realidad. El Consejo Nacional Electoral, el registrador Nacional del Estado Civil y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que conoce de las acciones electorales, son los encargados de velar por hacer realidad estas garantías ciudadanas, de conformidad con las competencias que les asigna la Constitución y la Ley.
Se supone que la Registraduría tiene a su cargo, según el artículo 266 de la Constitución Nacional, la dirección y organización de las elecciones; es decir, debe ser la administradora del proceso electoral, su ejecutiva y la garantía de la transparencia que debe caracterizar a dicho proceso. Esa es su misión institucional, que se define así en la norma legal que la naturaliza: “es una estructura autónoma e independiente de todas las demás ramas del Estado, que tiene a su cargo la misión de garantizar la legitimidad, transparencia y efectividad del proceso electoral.”
El registrador tiene como función preparar las elecciones, evento que, para Senado, Cámara de Representantes y presidente ocurre cada cuatro años. En esta tarea, que se viene decantando desde nuestros inicios republicanos, no se pueden aceptar improvisaciones; no puede haber lugar a ellas y menos con la incursión de la tecnología que superó los viejos procedimientos manuales que se prestaban para el fraude electoral.
La Misión de Observación Electoral MOE, ha dicho que no hubo fraude en las elecciones; atribuyen las diferencias a la confusión de los jurados, y un error en el formato E-14 en la página nueve donde el sistema no tomó los votos por el Pacto Histórico».
Por todo lo anterior, quedamos estupefactos con lo acontecido después de las elecciones del pasado domingo 13 de marzo; cuando la Registraduría reportaba que 17,5 millones de personas habían depositado su voto en las elecciones de Senado. Luego pasó a un cambio en las cifras el viernes 18 de marzo, con el 97% de escrutinio, pues aparecieron 214 mil votantes adicionales que no estaban en el preconteo. De los ocho partidos políticos que alcanzaron el umbral, seis disminuyeron su votación, y un partido, el Pacto Histórico, sumó más de 350 mil nuevos votos. Las diferencias entre preconteo y escrutinio pasaron de un 0,5% en las pasadas elecciones a más del 7% en las actuales. ¿Cómo explicar la diferencia definitiva de casi cuatrocientos mil votos entre los dos conteos?
Pero para contribuir al asombro, resulta que un solo partido incrementó en más del 16% su número de votos. Los nuevos votos encontrados solo beneficiaron al Pacto Histórico, y gran parte de los 180 mil votos que perdieron los otros partidos con umbral, se fueron para ese mismo partido. Lo que contradice todas las estadísticas de probabilidades.
La Misión de Observación Electoral MOE, ha dicho que no hubo fraude en las elecciones; atribuyen las diferencias a la confusión de los jurados, y un error en el formato E-14 en la página nueve donde el sistema no tomó los votos por el Pacto Histórico. También se ha dicho por otros que se improvisó con jurados, que muchos no fueron debidamente capacitados.
Llovieron propuestas para salir del atolladero que causó el dislate en las cifras electorales. Todas muy bien intencionadas, repetir el conteo principalmente; trámite que no está previsto en la Ley. El procedimiento debido ya está señalado y no se puede cambiar debido a las circunstancias del momento, así estén de acuerdo todos los partidos políticos que participaron. Extrañó que el registrador no fue contundente en negar está posibilidad, que incluso el mismo alentó, para después salir del paso. Una vez se produzca el acto administrativo que declare electas a las personas y quede en firme, lo que puede seguirse son las respectivas acciones electorales previstas en la Ley, ante la jurisdicción contenciosa; aquí podrán ordenarse pruebas, incluso la del reconteo. De elemental raciocinio, si estamos en un Estado de derecho.
Para contribuir a la confusión, vienen al caso, las denuncias del expresidente Pastrana sobre un encuentro a principios del año de uno de los candidatos en España, con los directivos de la empresa que maneja el software de conteo de votos, INDRA; reunión en privado sostenida con el líder del Pacto Histórico, a todas luces impertinente e imprudente. La empresa pertenece al gobierno español, cercano ideológicamente a dicha colectividad. Por supuesto, que el hecho contribuye a acrecentar la desconfianza sobre el proceso electoral, amén del conflicto de intereses que salta a bulto con una reunión de este tipo.
Definitivamente se peló la Registraduría, en lo que es prácticamente su esencial función y razón de ser, darle transparencia y seguridad a la materia prima de una democracia.
