Por lo que ha venido pasando en Colombia, pareciera conveniente que el señor presidente de la República recordase algunas cosas; la primera, que ya no está subvertido contra el orden constitucional y legal de este país, ello es asunto de su pasado; fue reincorporado, amnistiado y colmado al ser elegido presidente de los colombianos.
Así las cosas es el jefe de Estado y como tal, le corresponde procurar que todas las instituciones del Estado marchen, incluida por supuesto, la rama jurisdiccional del poder público; además debe garantizar su funcionamiento y su independencia como en todas las democracias.
Por tanto, de la circunstancia de que la justicia investigue hechos que comprometen funcionarios de su gobierno o miembros de su familia, no puede endilgársele pretensiones golpistas cómo se ha venido diciendo y además vendiendo esa idea equivocada en los organismos multilaterales del sistema interamericano.
Es normal que se investiguen las cuentas de las campañas presidenciales, incluyendo la del ganador, máxime cuando su propio hijo, embajadores afectos, federaciones de educadores y aportantes de dudosa reputación, han mencionado esos aportes, al parecer irregulares.
También es lógico que se investiguen a los gerentes y administradores que estaban a cargo de esas campañas y que, pareciera, violaron los topes y dieron informaciones incorrectas a las autoridades electorales, así se encuentren ahora en importantes cargos nacionales.
También es normal y plausible que se investiguen funcionarios que pueden estar incursos en celebración indebida de contratos, como pareciera sucedió con la licitación de pasaportes o a funcionarias de la Presidencia que, al parecer, utilizaron su poder y los recursos del Estado para constreñir a una humilde niñera acusada de la desaparición de un dinero “non santo.”
Lo normal es que este tipo de hechos se investiguen; si no hay responsabilidad, los funcionarios serán absueltos y si la hay, deberán responder por los hechos delictivos y disciplinarios.
Derivar de las actuaciones judiciales obligadas un intento de golpe de Estado, por estar involucrada la familia presidencial o sus altos funcionarios, no deja de ser una distorsión democrática además de una gran falacia. El presidente, como jefe de Estado, es el primer llamado a garantizar que esas investigaciones puedan realizarse.
El fiscal general de la Nación no puede convertirse en un instrumento del gobierno que lo terna, a fin de que obtenga impunidad por los desafueros de sus funcionarios y allegados. Como integrante de la rama judicial, debe ser una persona independiente y garantizar que todas las investigaciones puedan adelantarse, incluso las que afectan al gobierno. No es un subalterno del gobierno que lo postula y ternarlo no corresponde a un derecho del presidente, como equivocadamente lo ha afirmado el propio jefe de Estado. Enviar la terna es un deber constitucional, que debe cumplirse a cabalidad, con personas idóneas e independientes.
Con la presión a la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal, arengada desde la misma cuenta X presidencial, quedó en evidencia el deseo de procurarse un funcionario cercano y este sí sería el peor de los escenarios. El jefe de Estado debe facilitar que las instituciones funcionen, sin presiones y sin pretensiones para su propio favor, el de su gobierno o el de sus funcionarios; todo lo demás es subversión institucional.
