Para que la Seguridad Nacional sea efectiva se debe organizar la defensa de acuerdo con las reales capacidades del adversario y solamente frente a sus intenciones debidamente evaluadas, no frente a lo que se cree que son sus objetivos, ni a partir de sus declaraciones. Definidos estos aspectos, la estrategia de seguridad se planifica en cuatro niveles, disuasión, alerta temprana, defensa y victoria decisiva.
Este modelo es igualmente válido para enfrentar desde pandillas, crimen organizado, terrorismo, o un conflicto internacional, cualquier persona con afinidad, o cercanía profesional con asuntos de defensa y seguridad, lo sabe, o lo intuye, cualquiera menos el Ministerio de Defensa de Colombia, o así parece.
Cuando las fuerzas desplegadas en un territorio son copadas por milicias y capturadas por civiles movilizados por el enemigo en la zona, es claro que no hay una evaluación correcta de capacidades y cuando se desarrollan negociaciones políticas con aparatos armados de las economías ilegales, es claro que no hay comprensión de sus intenciones reales.
¿Pero una omisión de semejante naturaleza es verdaderamente fruto de la ineptitud? ¿O estamos frente a un proyecto estratégico de otra naturaleza, cuyo fin es opaco, en el cual el adversario ya no lo es?Una respuesta afirmativa en este sentido nos llevaría a la insólita conclusión de que el nuevo adversario, el enemigo, es la sociedad.
No es una hipótesis imposible. Revisemos las “intenciones debidamente evaluadas” de quienes están llevando adelante esta estrategia. Si dejamos de lado el odio espontaneo, la cursilería retorica del infantilismo revolucionario, el discurso de intimidación y el desequilibrio emocional, lo que se ve es un grupo, una minoría agrupada en torno a intereses especiales, que intenta capturar rápidamente las principales bolsas de activos líquidos que hay en el sistema, los de la salud, las pensiones, los minería y petróleo, los de defensa y los de giro directo de Hacienda para las llamadas inversiones sociales.
A más del enriquecimiento personal y familiar, el uso de estas enormes cantidades de efectivo es la permanencia en el poder. Esta heterogénea asociación de los políticos ladrones de siempre, con los nuevos burócratas izquierdistas y agitadores antisistema, ha visto el ejemplo del régimen chavista y esa experiencia los ha llevado a la certeza de que semejante saqueo no solo es posible, sino que puede hacerse con impunidad y garantizar la duración en el tiempo del ejercicio del poder.
En principio su obstáculo principal ha sido en como legalizar el saqueo, pero nada más. Llegaron al poder por la intimidación y con ese mismo recurso avanzan y es esa lógica donde surge la necesidad, para este naciente grupo de nuevos piratas, de transformar la estrategia de seguridad.
Declarar la impunidad del terrorismo, es declarar la culpabilidad de la sociedad, no pueden ser inocentes ambos. Colombia ha vivido esta transformación de las victimas en victimarios, de una manera trágica y prolongada en décadas y este relato es el que sirve de base para invertir el objetivo estratégico de la seguridad nacional y enfocar las actividades armadas contra la sociedad misma, pero eso solo sucederá al final, en una primera etapa, el estado construye un red de alianzas con las organizaciones criminales, a los que considera agentes políticos, e intenta también capturar sus recursos económicos, o parte de ellos, e integrarlos al sistema.
Se trata de lo que han llamado, para describir a Venezuela, un modelo de “gobernanza criminal”. Es decir, que el Estado no busca acabar con el crimen, sino monopolizarlo. A esto la propaganda gubernamental lo llama “Paz Total”, que en realidad es el inicio de una guerra total contra la gente. El resultado final, para ilustrarlo un poco, será que el jefe de milicias de tu barrio, algún antiguo pandillero, definirá que turno te dan para asistir a un centro médico. Este final parece aun lejos y no es fatal, pero será fatal si no hacemos nada.
