La marcha de los culpables

Jaime Eduardo Arango. Analista y consultor. Twitter: @jaimearango9

Como dijo Bertrand de Jouvenel, «la proclamación de la soberanía del pueblo no tuvo otro efecto que sustituir a un rey vivo por una reina ficticia: la voluntad general, por naturaleza siempre menor de edad y siempre incapaz de gobernar por ella misma». A veces es un grupo colorido de pueblos antiguos amontonado en viejos transportes, o fantasmas de la huelga de las fosforeras, o niños que parecen dobles estragados de Mad Max, juntos se supone que son el pueblo, pero son tan solo el estado social socavando al Estado de derecho, individuos que ya no son individuos, transformados en colectivos por ingenieros sociales amargados para que Apparátchik fanáticos puedan hablar del apoyo popular en las calles, de una movilización por la vida. No en vano Carl Schmit afirmó que “todos los conceptos políticos significativos de la teoría moderna del estado son conceptos teológicos”.

El defensor de la vida aspira entonces a ser santificado. Curioso personaje. Ha impuesto en la política un estilo retorico, lumpen-sentimental, solo explicable en aquello que los griegos llamaron bondadosamente apeirokalia, que significa falta de experiencia en las cosas bellas.

No es función del Estado la búsqueda del bien, cuando un gobierno se propone lograr objetivos morales termina invariablemente por invadir la vida privada de las personas. Es la moralidad la que crea al Estado, no es el Estado el que crea la moral. Una sociedad abierta no es más que la garantía de condiciones objetivas para el desarrollo de las libertades individuales. Sin embargo, el desafío para la sociedad es enfrentar una narrativa que criminaliza al ciudadano común y le impone como bien una suerte de nuevo modelo de Estado estamentario fragmentado en colectivos e identidades, que establecen normas, regulaciones y castigos para quienes no acaten su relato moral, de ahí el concepto de “democracia movilizada”, porque ya no se trata de las libertades reguladas por el Estado derecho, sino de normas arbitrarias impuestas por estamentos y colectivos.

Se trata de un proceso conocido para colapsar una sociedad abierta: De individuo a colectivo y de colectivo a milicia. Sin milicia no hay socialismo. La tal “democracia movilizada” no es otra cosa que la ocupación de la sociedad civil por cuerpos milicianos, pero estas identidades no son eficaces sin un aparto simbólico que culpabilice a los ciudadanos. La intimidación por la violencia va siempre precedida de avasallamiento moral.

Por eso es estratégico que las organizaciones sociales democráticas, ya sean partidos, gremios, iglesias, asociaciones, medios de comunicación se opongan activamente a la narrativa gubernamental que los criminaliza. Cuando desde el ejecutivo se promueve el relato de un desarrollo empresarial creado sobre el supuesto asesinato de sindicalistas, que las empresas son negocios de sangre, estas deben tener claridad que se trata del preludio de las ocupaciones violentas de fabricas y propiedades y de la persecución de sus dueños.

El contrarrelato desde la sociedad no puede ser ya un alegato de inocencia, en otras razones porque el juicio crea la culpa. No se trata de quién es inocente, sino de quién es el criminal. En Colombia este aspecto es particularmente complejo porque en su momento, para justificar la impunidad del terrorismo, se condenó a la sociedad y se estableció un tribunal para ello y en algún grado, sobre todo en las élites, se interiorizó un amargo sentimiento de culpa, pero el sentimiento general no es ese.

Cuando este dilema se hizo plebiscitario la mayoría rechazó que se le endilgaran culpas por los crímenes de esas personas y dijo NO. Es muy probable que el arbitraje moral al que está siendo sometida nuestra sociedad, fracase, es más, las movilizaciones prepago, esa oscura marcha de los culpables, indican el final de un liderazgo que siempre fue precario y ahora es nada, pero es precisamente en ese punto, donde los santones políticos dan curso a la violencia.