Supongamos que, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, el estado mayor de la Wehrmacht hace llegar a los mandos aliados un mensaje en el cual ofrece la rendición y el cese al fuego inmediato, para ahorrar muertes inútiles y terminar ya con la destrucción, pero solo si estos tienen en cuenta un pequeño detalle, casi una cortesía, un trato respetuoso, aceptar en su comunicación la superioridad de la raza Aria.
Jaime Eduardo Arango. Analista y consultor. Twitter: @jaimearango9
Ello para los Aliados equivaldría a no ganar la guerra, a una derrota en toda regla, porque fue contra esa idea que se combatió, fue ese lenguaje el causante del desastre. Más que la destrucción material del enemigo es necesario destruir el relato del enemigo, de lo contrario, la guerra persiste. Se hace imposible la paz.
La descripción anterior supone el hipotético escenario de un acuerdo final entre enemigos, pero la situación inmediata en Colombia no es esa. Lo más posible es que el gobierno busque, no la paz en el sentido en que hemos llevado a cabo estos procesos en Colombia, sino alguna forma de sociedad con el ELN.
En el documento firmado en Cuba el 9 de junio se pacta la “construcción de una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a través de una agenda social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto social, económico y armado”.
Esto es por lo menos el inicio de una asociación política basada en el lenguaje y la visión ideológica del ELN, por eso en el documento citado se plantea “ pactar políticas y un plan integral de transformaciones, mediante la implementación de proyectos específicos de orden nacional y territorial”, para esto se creará un Comité Nacional de Participación integrado por treinta movimientos étnicos, gremios y organizaciones que fueron definidos ya por los negociadores, sin ningún tipo de consulta y sin que nadie sepa cuales fueron los criterios de selección.
Aislado de la opinión pública y sin capacidad legislativa, el Pacto Histórico parece haber profundizado su estrategia de convertir las agrupaciones criminales en vanguardia política y comprometido desde el primer día, en un proyecto de revisionismo constitucional de facto, ha adoptado sin objeciones la narrativa política del ELN.
Los delegados del gobierno no piensan diferente de Antonio García, o Pablo Beltrán, incluso no hay un lenguaje lo suficientemente claro en cuanto a la condena de los medios y métodos de los Elenos puesto que los justifican. Para la gente del Pacto es más legítimo el ELN que, por ejemplo, el Partido Liberal.
Como se expone en un reciente documento de Insight Crime, el gobierno de Venezuela logró construir un modelo de gobernabilidad en asocio con organizaciones terroristas y bandas criminales, siendo el ELN la organización no estatal armada más grande de ese país y socio estratégico de Maduro, pero también el Tren de Aragua y los Colectivos Bolivarianos y las disidencias de FARC.
En Venezuela el crimen organizado reemplazó a la sociedad civil y desde los llamados Pactos de la Picota, cuyo alcance desconocemos, el Pacto Histórico parece haber estado orientado en adoptar este modelo estratégico para Colombia bajo la etiqueta de la Paz Total.
Enemigos de la Constitución del 91, el ELN y el Pacto Histórico comparten relatos victimizantes, visiones apocalípticas y utopías absolutistas. Se diferencian en que la gente del Pacto cree que todo crimen es en esencia un crimen político, por eso consideran legítimo “pagar por no matar” y la elite de los Elenos consideran al crimen como una forma necesaria de sacrificio y pureza, pero su objetivo es el mismo que lograron en Venezuela y el Pacto Histórico está dispuesto a ello.
Los escenarios que se derivan de esta apuesta estratégica son difusos e impredecibles. Un nuevo mundo donde las revoluciones no las hace el pueblo sino el crimen.
