Desde ell 1 de octubre de 2024, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, dos grandes reformas han puesto en juego el estado de derecho del país y, con ello, su estabilidad económica: la reforma judicial y la reciente reforma de supremacía constitucional. Esta última busca impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise o cuestione reformas impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo, lo que plantea una peligrosa concentración de poder y revela una confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, encabezados por Morena, y el Poder Judicial, desembocando en una crisis constitucional sin precedentes.
Aprobada de manera exprés, la reforma de supremacía constitucional eliminó los controles judiciales sobre las reformas constitucionales, otorgando una especie de poder absoluto al Constituyente Permanente —compuesto por el Congreso y la mitad de las legislaturas estatales—, en una maniobra que muchos consideran una "dictadura constitucional". Este cambio retira cualquier freno judicial a las reformas a la Constitución, facilitando modificaciones que respondan únicamente a los intereses del partido en el poder. El gobierno, con una postura maximalista, rechaza cualquier ajuste que sugiera concesiones. Este enfoque de "todo o nada" reafirma su control político, sin dejar espacio para el diálogo o la negociación, ignorando incluso propuestas sensatas como la del ministro Juan Luis González Alcántara.
Desde la perspectiva económica, la reforma afecta la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. La seguridad jurídica es un pilar fundamental de cualquier economía de mercado; sin ella, se genera una incertidumbre que desalienta la inversión, frena el crecimiento y puede reducir significativamente las expectativas de desarrollo económico del país. Para un inversionista, el respeto a la propiedad, los contratos y los derechos de libre empresa no debe depender únicamente de la voluntad política del gobierno de turno.
En este contexto de concentración de poder y crisis constitucional, el Paquete Económico para 2025, que se presentará en diciembre, añadirá otra capa de complejidad. Aunque el gobierno cuenta con una sólida mayoría política, la realidad económica es menos alentadora. La administración de López Obrador dejó un déficit público del 6%, el más alto en dos décadas, y una deuda pública que alcanza el 50% del PIB. Para reducir el déficit a un 3% y evitar que la desaceleración económica se convierta en recesión, el gobierno deberá realizar recortes importantes sin comprometer la inversión en programas sociales y proyectos de infraestructura. Si la presidenta Sheinbaum prioriza la inversión, la moderación será la única salida viable para atraer capital y sostener el crecimiento en un país que, a pesar de las reformas, necesita desesperadamente estabilidad económica y política. Sin embargo, si el gobierno mantiene su enfoque intransigente de “poder absoluto”, la economía impondrá un límite infranqueable, ya que una política de endeudamiento sostenida elevaría el costo del capital, y los inversionistas demandarán garantías concretas que aún no son claras.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han advertido que la reforma judicial y otras modificaciones constitucionales están reduciendo el atractivo de México como destino de inversión, lo que genera riesgos económicos que podrían llevar al país a una crisis. La aprobación de estas reformas ha mermado la confianza en las instituciones y reducido la seguridad jurídica, afectando las expectativas de inversión: el IMEF proyecta un crecimiento de la inversión del 0% y ha revisado a la baja las expectativas del PIB, a 1.5% para este año y 1.3% para el siguiente.
Este clima de incertidumbre ha provocado que en el primer semestre del año se captaran solo 900 millones de dólares en nueva inversión extranjera directa, apenas el 3% del total de 31 mil millones, compuesto en su mayoría por reinversiones de utilidades de empresas ya establecidas. José Medina Mora, presidente de Coparmex, advirtió que, si la reforma judicial sigue intacta, México podría perder 35 mil millones de dólares en nuevas inversiones, lo que supondría una regresión económica y política de entre 30 y 50 años, a un periodo en el que no existía una clara división de poderes.
La combinación de restricciones financieras y pérdida de confianza institucional sitúan al país en una encrucijada crítica. Aunque el gobierno de Morena ostenta un considerable poder político, la falta de recursos y la presión de los inversionistas podrían forzar una moderación en su agenda. Si no se adopta una postura más equilibrada, priorizando la estabilidad institucional y la confianza en el país por encima de las reformas, México corre el riesgo de enfrentarse a una crisis económica y constitucional que comprometa su desarrollo a largo plazo.
En términos prácticos, esta serie de reformas socava los mismos cimientos del sistema de pesos y contrapesos que sustentan una democracia, y elimina la capacidad de los poderes para equilibrarse mutuamente. La falta de un control judicial efectivo sobre las reformas constitucionales podría llevar a lo que algunos llaman una dictadura constitucional, en la que cualquier disposición añadida a la Constitución, por más injusta, contraria a los tratados internacionales o arbitraria que sea, sería considerada legal e intocable. Esto representa un riesgo no solo para los derechos humanos, sino que envía un mensaje autoritario a la comunidad internacional: el Estado Mexicano se reserva el derecho de reformar a voluntad, sin el contrapeso de una revisión judicial ni de ningún organismo independiente o autónomo. En otras palabras, el Estado se convierte en juez y parte a la vez.
