El partido Comunes, que agrupa a los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc, ha enviado dos cartas en las últimas semanas criticando las actuaciones de la JEP. La primera, con fecha del 7 de febrero, y dirigida al presidente Gustavo Petro, decía que la Jurisdicción Especial para la Paz ha incumplido lo pactado entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano en el acuerdo firmado en el 2016, “alejándose” del espíritu del Acuerdo.
Al final, dicen que hay una inseguridad jurídica de los firmantes de paz y dejan un tufillo de amenaza al sugerir que podrían, incluso, desconocer a la JEP.
La clave, tal vez, está en la molestia que sienten los ex comandantes de las Farc porque la JEP, cumpliendo su misión constitucional, está ampliando sus investigaciones a un número significativo de mandos medios que también, a su pesar, serán como máximos responsables de delitos atroces, especialmente reclutamiento forzado y violencia sexual. La segunda carta, con fecha del 19 de febrero, va dirigida a los firmantes del Acuerdo de Paz. La suscriben los exintegrantes del antiguo secretariado, que son hoy los dirigentes del Partido Comunes. En la carta, de 3 páginas, vuelven a criticar a la JEP, afirmando que esa justicia se está extralimitando y desconociendo partes fundamentales de lo acordado.
Sin embargo, como lo señaló un editorial reciente de El Espectador, la verdad está en otra parte. Analizando el contenido de los reclamos, se reducen a que la JEP “no debería seguir investigando con tanta diligencia los crímenes cometidos durante el conflicto armado y más bien concentración en acelerar las amnistías”. Sí, y les digo más.
Lo que hay de fondo es que el antiguo secretariado de las Farc está preparando, políticamente, el camino para no aceptar violencia sexual y reclutamiento forzado, dos crímenes graves que este año se van a resolver en la JEP. Sabemos ya que las denuncias que hay de los ex Farc, mujeres y hombres, por reclutamiento de menores y violencia sexual asociado a ese reclutamiento, son demoledoras para los altos y medios mandos de la antigua guerrilla.
Si los ex combatientes no aceptan esos delitos, las implicaciones iniciales serían dos: una derrota política y simbólica enorme, por la magnitud de lo que ha encontrado la JEP en estos 4 años de investigación. Muchos de los excomandantes de la guerrilla son invitados a conferencias y gozan de un reconocimiento internacional por su decisión política de dejar las armas y seguir el camino, no fácil, de la política. Después de la imputación que vendrá por reclutamiento forzado y, sobre todo, por violencia sexual, la probabilidad de que se vuelvan parias internacionales es tan grande como sus crímenes. Y claro, la consecuencia jurídica: si los vencen en juicio, se irán presos.
En el 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz con el Estado, las Farc se reunieron en la Décima Conferencia en los Llanos del Yarí. Allí, además de comprometerse con el acuerdo y con la participación política, prometieron a los mandos medios que solo ellos responderían por los delitos más graves. Esa promesa no podrán cumplirla, porque en el reclutamiento forzado y la violencia sexual hay mandos medios responsables, sobre todo del Bloque Oriental.
Recordemos, finalmente, que los abogados de los excombatientes de las Farc han recusado tres veces a los magistrados que llevan el caso: primero al magistrado Iván González, y ahora dos veces a la magistrada Lily Rueda. En el caso de Rueda, dicen que no es imparcial porque se abrazó con las víctimas. Todo esto hace creer que los excomandantes no quieren más verdad en este caso. Y esa verdad, en manos de la JEP, está cerca de conocerse.
