El MinTIC informó la semana pasada de la situación actual del contrato de Centro Poblados originado en el gobierno anterior. El resumen del balance es que la ejecución del proyecto de conectar a diversos municipios va en un 94% y que no hay avance serio en la investigación de los 70 mil millones de pesos que se robaron Emilio Tapia y otros. De hecho, el ministerio solo ha recuperado 2 mil millones. Lo más grave es que MinTIC aseguró que esos 68 mil millones de pesos ya se perdieron y van a ser “imposibles” de recuperar.
Recordemos que el contrato terminó en manos de la ETB y el gobierno tuvo que invertir 140 mil millones adicionales para completar las conexiones del país en la región B. Lo único bueno de todo este episodio es que la banda de criminales liderada por Tapia solo logró llevarse un anticipo que resulta ser un porcentaje bajo con respecto al valor original del contrato de alrededor de 1 billón de pesos por 10 años.
El contrato también tuvo otra cara menos dramática, ya que fue adjudicado en la otra mitad del país, conocida como la región A, al operador Claro quien presentó la mejor oferta de todas. Esta región A en manos de Claro ya llegó a un 100% de ejecución de las conexiones.
La semana pasada en el marco del Claro Tech Summit del hotel Las Américas en Cartagena, la compañía informó que también tuvo unos sobrecostos significativos en el proceso de instalación. El proyecto presentó imprevistos de todo tipo, empezando por los propios colegios apartados que estaban recibiendo el internet gratuito. Muchos rectores y directivos de colegios se convirtieron en verdaderos cuellos de botella pues apagan la energía eléctrica de las instituciones los fines de semana, en las noches y los períodos de vacaciones. Este fenómeno, prudente por los gastos de servicios públicos en donde se busca el ahorro, terminó afectando los indicadores de gestión de los centros digitales.
La compañía tuvo que enviar técnicos a revisar las conexiones muchas veces e inclusive hasta reconstruir las soluciones para instalarlas de manera accesible cuando los colegios quedaban cerrados del todo. Hubo colegios en donde se tuvieron que instalar las soluciones en contenedores adyacentes a la infraestructura educativa, para que los técnicos pudieran entrar a revisar, reiniciar o solucionar problemas sin tener que depender de los rectores y sus cierres naturales. Otros imprevistos simplemente venían con el clima, las distancias y las demoras naturales de instalar infraestructura en zonas apartadas. Los técnicos contratados asignaron y cargaron horas extra al proyecto de una magnitud no presupuestada. La compañía manifestó que la orden desde arriba era la de ejecutar el contrato al 100% sin importar los sobrecostos y las posibles demoras en cronogramas. Es equivalente a tener una compañía completa aparte del operador dedicada a este tema, con todos los problemas y anécdotas imposibles de imaginar al momento de presentar la oferta inicialmente.
Faltan varios años para terminar estos dos contratos con ETB y Claro. Lo que el gobierno debe ir analizando pronto es la siguiente solución, ya que la tecnología disponible en 5 años va a ser muy diferente. Si no se hace un plan desde ya, nos vamos a enfrentar con una realidad de posible desconexión de los colegios del país, o de falta de interés de los operadores para ejecutar un nuevo contrato si las cuentas no se hacen bien desde el principio. La cruda realidad es que en las zonas A y B las soluciones terminaron costando mucho más de lo planeado, algo que la próxima vez no debería ocurrir.
