El viernes pasado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla explicó al país, que el bajo recaudo de impuestos, obliga forzosamente a un recorte de 20 billones de pesos del presupuesto general de la nación para el año 2024. Como siempre dicen los expertos en finanzas, lo importante es el flujo de caja y no los estados financieros como pérdidas y ganancias o balance. En el flujo de caja está la realidad, no hay números contables o efectos disfrazados. El próximo martes comenzarán reuniones de alto nivel para revisar el detalle de los recortes puntuales en cada ministerio y cada proyecto. Está blindado el Ministerio de Agricultura para garantizar que no se vaya a frenar toda la iniciativa que se viene haciendo en el campo. Recortar puede llevar a un mayor estancamiento de la economía, por lo cual algunos programas sociales deberían estar protegidos.
El gobierno se descuadró en 6 billones de pesos debido al fallo de la Corte Constitucional que negó de la solicitud de incidente de impacto fiscal promovida por el Ministerio de Hacienda sobre la Sentencia C-489 de 2023, la cual declaró inexequible la prohibición de deducir las regalías en el impuesto de renta a cargo de las empresas que se dedican a la explotación minera. Hoy de manera increíble el estado le debe devolver esa monumental suma a las compañías extractivas. Otro de los descaches, que suena inaudito que lo hayan presupuestado, es el impacto de haber incluído de manera irresponsable los litigios del estado como si todos se fueran a ganar o poder inclusive negociar en el corto plazo. Los tiempos del contencioso administrativo son demasiado largos como para saber cuándo se acaba todo el proceso de una demanda. Ahí se metieron olímpicamente unos 10 billones de pesos que nunca debieron estar en primer lugar.
El otro descuadre viene por el impacto de la deuda dentro del gasto público. Desde hace varios gobiernos el estado colombiano viene creciendo el nivel de deuda como porcentaje del PIB. Es importante señalar que la pandemia de 2020 obligó a conseguir unos recursos financieros de manera expedita, pero más allá de eso el nivel de deuda está al borde de quebrar los límites que han señalado desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Colombia está al borde del endeudamiento permitido por el CARF, no por nada se ha intentado quebrar esa regla, volándose los topes, lo cual nos metería en zonas demasiado peligrosas. Subir demasiado el nivel de deuda nos acerca a la cesación de pagos o “default”. Esos caminos tristes y dolorosos ya los recorrieron países como Grecia y Argentina. La literatura económica alrededor de esos nefastos ejemplos es amplia y suficiente como para intentar escapar de la crisis actual con más deuda.
El gobierno está comenzando a pensar en decretos de inversión forzosa en varios sectores. Habrá que leer la letra menuda de dichos documentos. La imposibilidad de desembolsar los flujos de recursos por parte de varios ministerios y departamentos, hace que si los privados no invierten, en un mediano plazo la economía colombiana estaría totalmente estancada. Algunos empresarios privados estarán dispuestos a realizar cierto tipo de inversiones, sin embargo, falta ver todas las condiciones. Nadie va a invertir porque si. El diablo está en los detalles. Los diferentes sectores seguramente van a aprovechar la coyuntura revuelta para exigirle al gobierno que desista de las reformas y que se trabaje en conjunto, solo que ahora las reglas las van a imponer los que ponen la plata. Petro perdió el control ya que le van a asignar la culpa del billonario descache.
