Se conoció hace unos días que el gobierno del Pacto Histórico tiene un borrador de decreto para fijar en el mercado un precio diferencial del combustible diésel para grandes empresas a partir del año 2024.
El Ministerio de Hacienda busca establecer un nuevo precio para cerca de 190 empresas, en efecto, las más más grandes del país.
El diferencial también les aplicaría a consumidores individuales que tengan mensualmente una compra de más de 20.000 galones. Lo que busca el Ministerio es que se suba el precio del diésel para ajustarlo a un precio internacional, es decir, eliminando del todo los subsidios para esa categoría empresarial.
En números reales hoy el galón del diésel tiene un precio promedio alrededor de $9.000 pesos por galón y si finalmente firmen el decreto, para los grandes empresarios, va a venir un aumento que puede alcanzar hasta los $16.000. Esto supondría un incremento de más de 77% de un año a otro.
En mi análisis caben las siguientes tres consideraciones. Lo primero es un efecto directo a la inflación. Muchas de las compañías grandes terminarán aumentando precios de sus productos o servicios hacia los consumidores finales. En todo caso estas compañías buscarán ajustar su utilidad operacional, que ahora se verá afectada de una manera significativa.
La creencia de la izquierda de poner en cintura a los grandes empresarios, sin que eso no afecte a las clases menos favorecidas, es una gran falacia. Este tipo de impactos les pegan a todos. El precio del nuevo diésel a los grandes empresarios, pero los productos que éstos venden a todo el mercado pegarán en el bolsillo de todos los colombianos.
Como dijo alguna vez la legendaria primer ministro británica Margaret Thatcher en el parlamento de su país: “...están dispuestos a empobrecer a los pobres, con tal de ver disminuidos a los más ricos, de esa manera nunca se van a tener los recursos para atender las necesidades y servicios sociales...”
El segundo tema que se debe tener en cuenta es la verificación. Si las distribuidoras de diésel van a tener unos listados con los NIT de las grandes empresas, para poder establecer cuándo se toma el precio diferencial, la implementación será desastrosa en el largo plazo. Habrá compañías que usarán a terceros, es decir comprar el combustible a través de una o varias compañías con diferentes NIT para el proceso de tanqueo y de esa manera hacerle bypass a la norma. Estamos en Colombia, en donde hay expertos y leguleyos que encontrarán las zonas grises del decreto para que el listado de grandes empresas quede desvirtuado a las pocas semanas.
Una tercera consideración es en el terreno jurídico. Hay diversas alternativas que están estudiando los abogados externos de los grandes empresarios para enfrentar los posibles efectos del decreto. Un par de prestigiosos juristas explicaron que esta decisión del Ministerio de Hacienda podría caerse en la Corte Constitucional con una eventual acción de tutela aduciendo violación al derecho a la igualdad. Cualquier decreto económico que afecte a algunas empresas, y no a otras, especialmente en un servicio esencial como lo es el transporte, podría demandarse fácilmente.
Hemos visto como en anteriores ocasiones la Corte tumbó decretos a este gobierno, como los de la emergencia económica para el departamento de La Guajira. Sumado a eso, le tumbaron varios artículos de la Reforma Tributaria y la Paz Total. Es decir que las mayorías en la Corte no tendrían problema en deshacer nuevamente este tipo de decisiones del gobierno, así los fallos tengan severas consecuencias fiscales para el Pacto Histórico.
