El gobierno del Pacto Histórico desde hace meses ha dicho públicamente que no
está de acuerdo con la regla fiscal y ha criticado su independencia y diferentes
pronunciamientos.
El CARF, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, fue creado por el Congreso de la República con el proyecto de Ley 1473 de 2011 en un simple texto que establece limitantes a los niveles de deuda pública y topes para el déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre ingresos y gastos de un Estado.
Esa fórmula busca impedir que un gobierno aumente de una manera desbordada el nivel de
endeudamiento o que su ritmo de gastos desborde su capacidad de pago.
El espíritu de esa ley tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, y de paso contribuir con la sostenibilidad macroeconómica del país.
Todas las disposiciones se aplican sobre las cuentas fiscales del Gobierno Central, de acuerdo con una metodología definida por el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. Algunos economistas y analistas del mercado ven con buenos ojos que, si la realidad financiera de un país va mejorando, eventualmente se permitan cambios o amplitud en los márgenes que permite la regla fiscal. De hecho, para eso es el comité, para revisar qué tan al borde de los máximos de endeudamiento se encuentra en cada momento la nación.
El gobierno actual quiere en el fondo no tener a ese incómodo comité diciendo todo el tiempo cuánto es el máximo que se puede gastar. Al igual que otros gobiernos de izquierda de la región, los miembros del Pacto Histórico pretenden que no haya límites al gasto.
El ideal para ellos es que no hubiera regla fiscal y que el país pudiera gastar de manera infinita, o endeudarse eternamente. Dejar de un lado al CARF, o eliminar la regla del todo, es un gran inconveniente macroeconómico de mediano y largo plazo. El primer efecto es que, al estar cerca de los topes de gasto y endeudamiento, Colombia empezaría a recorrer el camino peligroso que tiene hoy en la bancarrota a los argentinos.
La regla fiscal desde que se creó busca poner esos límites justamente para que los gobernantes tengan claridad de hasta cuándo pueden gastar y tomar créditos. Al tener esos topes, los presupuestos que se realizan año tras año no van a llevar al país a un escenario de cesación de los pagos.
El segundo efecto de no tener regla fiscal es que los mercados internacionales nos
castigarían con la calificación de nuestros bonos, que de por sí ya vienen golpeados
por el hecho de no tener grado de inversión. Sin regla fiscal difícilmente volveríamos
a recuperar la confianza en los mercados internacionales y organismos multilaterales para obtener financiación sostenible. Colombia entraría a la categoría de “basura” en la que se encuentran países que son irresponsables con sus cuentas financieras.
Al final todo se reduce a la sabiduría milenaria de nuestros abuelos. Uno sólo se puede gastar por debajo de lo que le ingresa, no por encima, ya que cuando comienza a hacer eso vienen los dolores de cabeza del sobreendeudamiento.
Hoy Colombia tiene un nivel de deuda grande, pero manejable. Esto quiere decir que nuestro flujo de caja permite pagar los intereses de los bonos y deuda nacional e internacional. Si se comienzan a manejar las cosas como en una tienda, como si todo fuera plata de bolsillo, pronto nos descuadraremos y las cuotas comenzarán a estar en riesgo.
La crisis que podría generar en nuestra economía un alto nivel de gasto sin límite es una puerta que no quisiéramos abrir, un fantasma se puede colar por ahí y llevarnos al escenario de “default” que naciones como Grecia y Argentina no han terminado de sufrir.
