El sector salud en general recibió con satisfacción la noticia de que se configuró una sentencia reciente de la Corte Constitucional que falló a favor de los pacientes, usuarios y en contra del Ministerio de Salud. El nivel de cumplimiento hasta ahora muy bajo con respecto a la suficiencia de presupuestos máximos para la financiación de servicios y tecnologías del PBS Plan de Beneficio en Salud que no se cubren con la UPC Unidad de Pago por Capitación venía generando molestias en las entidades, y un desangre en los flujos de caja disponibles para operar el servicio de una manera básica. La alta corte en resumen obliga a que el Ministerio de Salud pague cuanto antes los reajustes correspondientes a los años 2021 al 2023.
El exministro de la cartera Fernando Ruiz, explicó el alcance y el detalle así en su cuenta de redes sociales: "La sala de seguimiento de la sentencia T 760 @CConstitucional expide auto 288 en defensa de los colombianos. Establece que @MinSaludCol calculó y pagó mal a las EPS los reembolsos por presupuestos máximos de 2022 y 2023 lo que pone en entredicho el cálculo de UPC 2024. Da órdenes". ACEMI, el gremio que representa a las EPS más grandes del país, reveló cifras que demuestran que el Gobierno Nacional redujo en un 90% el presupuesto para el pago de los medicamentos y tratamientos que están por fuera de los planes de beneficios. Esto para decirlo en términos muy crudos, resulta en una situación crítica en donde muchos más pacientes van a tener riesgo de morir.
Olvidando por un momento el accidentado proyecto de ley que cursa en el Congreso actualmente, la crisis del sector está en límites insospechados per se. El daño acumulado de desfinanciación es tan grande que una nueva ley de punto final ni siquiera es suficiente. Muchas EPS no cumplen con indicadores financieros, precisamente porque no tienen flujo de caja suficiente, ya que el gobierno no les gira rápido. El mismo gobierno es quien las puede intervenir, investigar, sancionar y hasta tomar el control de la administración en casos extremos. Quien gira los recursos tarde es quien está a la cabeza de las sanciones. Una estructura que nadie imaginó que iba a llevarnos a una situación de asfixia inducida.
Los críticos al sistema actual no han podido demostrar que haya una viabilidad financiera en proyectos alternativos. Cualquier cambio de las reglas actuales supone una rigurosa revisión del modelo de aseguramiento que tiene unos fuertes componentes de cálculo actuarial, fórmulas y ecuaciones que muy pocas personas en el país pueden entender. En una explicación muy global, los cálculos actuariales permiten definir los promedios y tasas de riesgo por tipo de enfermedad en cada una de las diferentes poblaciones de una sociedad.
El modelo de aseguramiento supone que una gran proporción de los asegurados no tiene que usar los servicios de salud, para poder pagar los tratamientos de los pocos que sí usan el sistema. Los que no entienden estos conceptos, no pueden dimensionar lo dramático que propone el gobierno con la reforma al querer eliminar el aseguramiento. Una cosa es intermediación en los pagos, otra cosa es administración de una base de clientes para mitigar y controlar los riesgos. El proyecto Petro quiere cargarle todo el peso del riesgo al estado, dejándolo en una posición de exposición a la liquidez y a la cobertura. Un salto al vacío irresponsable y temerario. Como todo lo que proponen, inviable y de efectos irreversibles.
