La doctora Marbel Alcira Morales Quevedo, lleva 17 años laborando en La Fiscalía General de la Nación. Es considerada por sus compañeros de trabajo como una curtida profesional, discreta, que no deja cabo suelto en sus investigaciones.
De una curiosidad enorme por los detalles que pueden permitir resolver los procesos que llegan a su despacho, donde actualmente se desempeña como fiscal 101 de la Unidad de Hurtos en Bogotá. Pero su vida profesional tuvo un giro a partir del 1 de febrero del 2023 cuando llegó a su despacho el expediente, con fecha del 28 de enero del presente año, que contenía la denuncia instaurada por Andrés Fernando Parra Laverde, un ciudadano que reportaba el hurto de una maleta la cual contenía “documentos personales y de la oficina”, así como la suma de dinero en efectivo de “12 millones de pesos colombianos y 4.000 dólares”.
De acuerdo con el denunciante, esa maleta había sido enviada a la residencia el día 27 de enero por su esposa “la señora Laura Camila Sarabia Torres con la señora teniente de la policía Sandy Yuleina Alvernia Guerrero, quien se desempeñaba como jefe del esquema de seguridad de la señora Sarabia”.
Inmersa en la lectura sobre los hechos que contenía el informe entregado por uno de sus investigadores de campo, la fiscal Morales continuó revisando el relato en que Andrés Parra señalaba que en su apartamento de residencia “tenía contratados los servicios de las señoras Marelbys del Carmen Meza y Fabiola”, de quienes aportó sus números celulares.
Uno de los detalles que más llamó la atención de la fiscal 101 de la Unidad de Hurtos, fue la afirmación categórica que hace Parra en su denuncia ante los patrulleros que acudieron a su casa ese 28 de enero del 2023. “Marelbys Meza Buelvas en su último trabajo salió despedida por la pérdida de un dinero, donde le realizaron un polígrafo con resultado negativo”.
El expediente también contenía las declaraciones rendidas por la teniente Yuleina Alvernia, quien relata con detalles minuciosos que el día 27 de enero del 2023 estaba trabajando como jefe de seguridad de Laura Sarabia. Que hacia las 4:50 de la tarde dejó a su jefe en la puerta del avión que partía del aeropuerto militar de Catam y que, por instrucciones de ella, “me regreso al vehículo para llevar una maleta hasta el lugar de su residencia”, a donde llegó hacia las 5:26 de la tarde, se comunicó vía celular con Andrés Parra quien le manifestó que “no está en el apartamento, que ya habló con su esposa y que ella autoriza que le entregue la maleta a la señora Mary”.
En el expediente queda claro que la teniente nunca estuvo sola con la maleta. En el carro oficial de la entonces jefa de gabinete viajaba también el conductor José Manuel Ávila.
En el punto de residencia, se encontraba el intendente Ferney Hernández, que cumplía labores de vigilancia de la residencia de la alta funcionaria del gobierno Petro. La teniente Alvernia, jefe de seguridad de Laura Sarabia, señaló en su relato que “los dos subimos al apartamento a entregar la maleta, porque era un poco pesada, y en la puerta nos recibió la empleada de servicio. La maleta quedó ubicada en el sofá de la sala, donde ella me indicó y de inmediato nos retiramos”.
Tanto la teniente, como el conductor y el intendente, que fueron interrogados el 29 de enero por los oficiales que acudieron al llamado de Andrés Parra para denunciar el hurto, señalaron que “no tenían conocimiento de lo que contenía la maleta”.
Marelbys Meza les contó a los investigadores que llevaba cinco meses laborando como niñera en casa de Laura Sarabia y que ese 27 de enero pasado, cuando Fabiola -la otra empleada- se fue del apartamento, después de cumplir su turno de trabajo, ella se quedó organizando la alcoba de huéspedes.
Relata que, en efecto, la teniente llevó la maleta hacia las cinco de la tarde y que hacia las doce de la noche “llegaron mis jefes, les mostré cómo había organizado todo”. Al día siguiente -sábado 28 de enero- despedí a la señora Laura, organicé la sala, tomé la maleta del sillón gris y la puse en el suelo, a un lado de la chimenea. Faltando cinco minutos para las cuatro de la tarde, tomé un servicio de transporte de la plataforma DIDI”. Cuando los investigadores le preguntan sobre el contenido de la maleta, ella señala tajantemente que no tenía ni idea. Que no sabía que contenía dinero y que había movido la maleta del sillón porque “en ese puesto siempre se sienta el abuelo”.
Detalles que no cuadran
A partir de ahí ocurren una serie de eventos que llaman poderosamente la atención de la fiscal Marbel Morales, que comienza a atar cabos de un rompecabezas cuyas piezas no cuadraban con parte de la historia.
Por un lado, la vehemente insistencia de sus oficiales investigadores de interceptar cuanto antes el celular de la niñera Marelbys Meza. De otro lado, la aparición de la nada de un testigo que contó sobre el rumor de la venta de dólares hurtados en una residencia de ricos y que se ofrecían en un barrio popular de Suba. Que los vendía un tipo conocido con el alias de “Pini”, que hacía parte de una banda que robaba en casas de gente rica.
También llamó la atención de la fiscal Morales el relato del conductor del servicio de la plataforma DIDI que recogió a la niñera en la puerta de la residencia de Laura Sarabia y aseguró que ella al comienzo le pidió llevarla hacia el centro comercial de Niza y en el camino le confesó que no iba para ese lugar sino para un barrio popular en Suba.
Entre los cabos sueltos, a la fiscal Morales la dejó pensativa la forma como los patrulleros, que atendieron el caso del hurto, sutilmente fueron cambiando detalles de la diligencia sobre un robo que, sumando pesos y dólares, apenas llegaba a los 30 millones. También ese hilo delgado que relacionaba lo del testigo que llegó a dar información sobre alias 'Pini' que ofrecía dólares en un sector popular de Suba y el conductor que hizo énfasis en que su pasajera quería que la llevara lo más pronto posible a Suba.
Toda esta celeridad de testimonios, la aparición de un testigo que sabía de un robo de dólares, la ubicación inmediata del conductor del vehículo del servicio público, que tenía muy claro el nombre de Marelbys, a pesar de que durante el día recoge innumerables pasajeros, dejaron un mal sabor de boca en la fiscal 101 de la Unidad de Hurtos, que, con su experiencia en estos casos, sabía que algo no andaba bien.
Los intentos de interceptación
Pero lo que más inquietaba a la fiscal Morales, era la presión de los investigadores de Policía Judicial, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizalez, para interceptar cuatro números de celulares, dos de ellos pertenecientes a la niñera Marelbys Meza y el de la empleada Fabiola, de la casa de Laura Sarabia.
En un documento, fechado el 01 de febrero del 2023, el mismo día que apenas recibía el expediente la fiscal Morales, los uniformados pertenecientes a la Sijin señalan que “de acuerdo a las diligencias adelantadas dentro de los actos urgentes, cordialmente me permito solicitar al despacho fiscal emitir orden de interceptación del abono telefónico…”, (el número se reserva por cuestiones de seguridad, tanto de la empleada Fabiola como de la señora Meza).
Pero, además, el documento de los dos investigadores, instan a la fiscal Morales a “acudir ante el juez de control de garantías con el fin de solicitar a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo y Wom, la información sobre los teléfonos abonados”, que están relacionados en la petición.
Los investigadores también pidieron en su solicitud de datos biográficos, historial IMEI -la cédula del teléfono-, mensajes de texto y actividad Min de cada abonado telefónico.
Toda la información de las llamadas y demás, entre el 27 de enero desde las seis de la mañana hasta el 31 de enero a las seis de la tarde. Para la fiscal Morales, la petición de sus investigadores era demasiado precipitada, porque no había suficientes pruebas que permitiera argumentar ante el juez de garantías la interceptación de los teléfonos de la niñera y la empleada doméstica. Por ello, les pide que hay que intensificar el trabajo de campo y en caso de que surjan más pruebas estudiará la posibilidad de hacer la solicitud al juez de garantías.
Entonces, en cuestión de horas, aparece el día 02 de febrero una “prueba humana”. Un testigo que los investigadores en su informe señalan que “se trata de una persona de sexo masculino, contextura media, de 1.65 a 1.75, quien dice tener información de un hurto que se había presentado en estos días en el norte de la ciudad”.
Lo llamativo de este personaje es que llegó a la Unidad de Hurtos sin ser requerido por ninguno de los investigadores y ofrecer información sobre un hurto que apenas se comenzaba a investigar y del que todavía los medios de comunicación no tenían noticia alguna.
A los investigadores pareciera que les hubiera unido todos los astros y en la medida que buscaban pruebas para interceptar el celular a Marelbys Meza, las piezas engranaban a la perfección. En menos de doce horas y ante los cuestionamientos de su jefe la fiscal Morales, ya tenían otro as bajo la manga para insistir en chuzar a la niñera.
El testigo señaló que “había unos manes que viven por el sector de Suba, por los lados del portal, conozco a uno de ellos que le dicen 'Pini'. En el extenso relato cuenta que 'Pini' estaba muy contento. Había realizado una “vuelta”, con buenos dividendos: dólares. “Un negocio que hice con una amiguita por el norte. La vieja trabaja en un rancho, en un edificio lujoso, por los lados de La Colina, de unos manes que portan la grasa que trabajan por los lados de la Alcaldía y siempre la llevan pulpita. En efectivo siempre”.
El testigo dice que su conocido 'Pini', al que no había visto en mucho tiempo, quería que le ayudara a vender esos dólares y que se podía ganar unos buenos pesos. En su relato, les dice a los investigadores que “el man alias 'Pini' me dejó su número celular para contactarlo y ayudarle con eso”. También señaló que las veces que había visto a 'Pini' estaba con “una vieja, medio cucha, y como costeña. Y otro amigo conocido como 'Pacho'. Pero lo grande lo tenía reservado para el final. “Vine a entregar esta información porque por el barrio estuvieron unos manes de corbata como buscando algo. Usted sabe que cuando van esos manes siempre es porque pasó algo grande. A ver si ustedes me reconocen algo por el dato, también necesito plata mi rey”. Ese mismo día, los uniformados de la Sijin le comunican a la fiscal Morales que hicieron la verificación del número que les suministró el testigo y la línea dio positivo.
Con esa información, conseguida en menos de 24 horas, los uniformados Quinchanegua y Canizalez, insisten ante la fiscal Morales en autorizar la interceptación de los celulares y en su nueva solicitud agregan dos líneas más: las de los alias 'Pini' y 'Pacho'.
Pero, además, la fiscal Morales tenía sobre su escritorio otro testimonio, que también los investigadores consiguieron en tiempo record: el del conductor del servicio público de DIDI.
A la Fiscal le sorprendió la facilidad como ese testigo reconoció el nombre de Marelbys, los detalles de la conversación en el taxi, la insistencia de que la llevara a Suba, elafán que tenía ella esa tarde del 28 de enero, unos minutos después de la denuncia del hurto hecha por Andrés Parra, de tomar un transporte lo más rápido posible y vaya coincidencia, la dejó cerca del Transmilenio que tenía como destino el portal de Suba.
“A la doctora Morales todos estos eventos no le cuadraban”, así lo expresa su abogado Wilson Pulido Cristancho, desde su despacho en WPC & Abogados Asociados, quien la representa para afrontar este martes 11 de noviembre ante el Juzgado 2 Penal de Circuito de Bogotá, donde se va a resolver la apelación sobre la medida de aseguramiento, proferida por el Juzgado 3 de Garantías de Bogotá a los cinco imputados que están en la cárcel, entre ellos el intendente Quinchanegua por las irregularidades en las interceptaciones del celular de Marelbys Meza, y la solicitud que ha hecho la defensa de los detenidos respecto a que la fiscal Marcel Morales también sea capturada.
En los pasillos judiciales, se habla en voz baja, que detrás de los abogados que representan a Quinchanegua y Canizalez, está la mano del poderoso abogado Miguel Ángel del Río, el mismo que recibió 50 millones de pesos para representar al coronel Óscar Dávila, que minutos después de su reunión con su defensor, se quitó la vida, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal.
“La fiscal descubrió una serie de eventos y de irregularidades en los testimonios del testigo que habló de alias 'Pini' como el supuesto conductor del taxi que transportó a Marelbys. Nada le cuadraba en esa historia de los implicados”, enfatiza el abogado Pulido. Pero no sólo ató los cabos de esas irregularidades, sino, además, descubrió un tema clave que hoy tiene muy incómoda a la defensa de Laura Sarabia, quien también ha señalado que buscará que la fiscal Morales sea retirada del caso por prevaricato, a raíz de una grabación que hizo ante la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que posteriormente fue filtrada a medios de comunicación, donde ella argumenta que algo no está bien en toda esta investigación.
La sorpresa
La insistencia de los investigadores por la interceptación de los celulares, finalmente dio su resultado. El día 03 de febrero se inició el trámite de interceptación de los teléfonos señalados, entre ellos el de Marelbys Meza.
Cuatro días después, el intendente Jhon Fredy Cano Hernández, informa mediante un oficio que “el abonado (se reserva el número) no fue posible ingresarlo toda vez que el abonado telefónico en mención se encuentra programado en otra sala”, es decir, que el teléfono de Marelbys ya había sido interceptado por otro grupo de investigadores y la fiscal Morales no tenía conocimiento alguno.
En el documento se le pide al despacho de la fiscal “emitir una orden a la Policía Judicial a fin de solicitar al departamento de interceptaciones de comunicaciones” para saber quién y bajo qué orden se había programado la interceptación del teléfono de la niñera de Laura Sarabia.
La fiscal Morales exige una respuesta urgente por parte del intendente Jhon Fredy Cano, jefe del Grupo de Sala de Análisis de Comunicaciones Interceptaciones de la Sijin. La respuesta llega en un documento el 7 de febrero donde señala que “no tramitó la solicitud de interceptación del celular toda vez que el número criterio de interceptaciones se encuentra programado en otra sala”.
La pregunta que le surgió de inmediato a la fiscal Morales fue: ¿Desde cuándo la niñera estaba chuzada? Esta vez los investigadores no fueron tan diligentes como sí ocurrió en reunir pruebas para convencer a la fiscal 101 de la Unidad de Hurtos de darles la bendición para chuzar los teléfonos de la niñera y de la empleada Fabiola.
Después de insistir una y otra vez con oficios al jefe del grupo de interceptaciones, el intendente Cano, la respuesta llegó tres meses y 20 días después, es decir, el 27 de mayo del 2023. En el documento en poder de Revista Alternativa, como todos los acá señalados, la respuesta traía una enorme sorpresa: “Que el número (se guarda la
reserva) se encuentra interceptado, dentro del radicado No. 05001609902920100034, proceso penal que es de conocimiento de la Fiscalía 191 Local DECOC- Quibdó con fecha de resolución de interceptación, 30 de enero de 2023”.
En palabras más claras, el celular de Marelbys Meza, la niñera que llevaba trabajando cinco meses en casa de Laura Sarabia, fue chuzado en una sala de interceptación, cuando ni siquiera el expediente de la denuncia había llegado a manos de la fiscal Marbel Morales, quien había sido asignada para investigar el caso, a partir del
1 de febrero del 2023.
La fiscal siguió atando cabos, como lo hace con paciencia, y descubrió que esas interceptaciones “se hicieron como consecuencia de las manifestaciones de una fuente no formal, de fecha de 30 de enero de 2023, sin registro aparente, ni código cárdex visible y quien no aporta sus datos, por no ser víctima de represalias”. Así se desprende del documento que la fiscal Morales preparó para Eduar Alirio Calderón Muñoz, el jefe de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación.
Un extenso informe, que ha incomodado profundamente a la defensa de Laura Sarabia, que busca a toda costa que de nuevo aparten a la fiscal del despacho 101 de la Unidad de Hurtos de Bogotá, como ocurrió el 13 febrero cuando el director seccional de Bogotá, el fiscal José Manuel Martínez, le comunicó en oficio que “sería reubicada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén donde cumplirá funciones propias de su cargo.
Así lo hizo, pero durante los siguientes meses continuó en la búsqueda de armar ese rompecabezas que no le cuadraba por ninguna parte, a pesar de que estaba en otras funciones. Cuando menos lo esperaba, el pasado 31 de mayo, le anunciaron que a partir del 1 de junio regresaba a su despacho como fiscal 101 local de la
Unidad de Hurtos.
La primera tarea que hizo fue preparar un informe de siete puntos, dirigido al jefe de anticorrupción de la Fiscalía, sobre las anomalías que se presentaron en el transcurso de la investigación por el hurto denunciado de cuatro mil dólares y 12 millones de pesos, que terminó en un escándalo que sacudió al gobierno del presidente Petro y que todavía tiene tela larga para cortar.
Mientras que la suerte profesional de la fiscal Morales, se juega el próximo martes ante el juez 2 penal del circuito de Bogotá.
